Necedad e insulsez de una agenda legislativa

2019-02-10 | Froylán Campos

Ni siquiera en los momentos más álgidos o de relax del pasado reciente se habría presentado una asamblea desierta como la que ayer se daba vuelo votando exhorto tras exhorto. Pareciera que el cimiento donde descansa el andamiaje jurídico del Estado es tan sólido, moderno y eficaz que solo ocupa ser reforzado con necedades y ocurrencias legales que habrán de morir en el intento porque de vitales, ni gracia. 

Y es que, la ley reglamentaria del Congreso es muy clara: son los integrantes de las comisiones dictaminadoras los únicos responsables de recibir, analizar, discutir y dictaminar los asuntos que les turne el pleno, según dicta la fracción primera del Artículo 94. Este mismo precepto y sus BIS I y II allanan la ruta que permite al soberano realizar de manera sistemática y profesional su labor legislativa. 

Pero la diputada Ernestina Castro Valenzuela ha descorrido el velo de algo que todo mundo sospecha o sabe de sobra: no son, ni han sido los diputados o diputadas quienes arrastran el lápiz o le ponen seso a la confección de las leyes: son sus “asesores”, gabinetes jurídicos de las bancadas o del propio Congreso los responsables de maquilar esos resolutivos. 

Luego entonces, si la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) quiere aplicarse, tener el tiempo necesario, analizar a profundidad y retroalimentar una iniciativa para su debido dictamen —¡qué mejora regulatoria ni qué ocho cuartos!— pues ahí está el camino trazado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Es el mismo ordenamiento que regula la praxis parlamentaria del que echa mano el diputado panista Gildardo Real Ramírez para replicarle a su antigua condiscípula María Dolores del Río Sánchez que le asiste todo el derecho de pedir la conformación de una comisión especial (auxiliadora) para coadyuvar con las autoridades en la indagatoria sobre la abusiva concesión de alumbrado público suscrita por el gobierno municipal que encabezó Manuel Ignacio Acosta. 

La diputada del Movimiento Ciudadano restregó a su colega de Acción Nacional un cinismo digno de mejor causa, si es que existe una causa mejor digna de cinismo. 

“Si fueron regidores y diputados del PAN quienes abrieron la puerta para que se cometiera el atraco”, reviró con un gesto de irritación en su rostro la ex alcaldesa capitalina a quien seguramente le retorció el hígado la respuesta de Gildardo.

“El PAN ya pagó su error. Ya perdimos”, dijo el legislador panista (qué desvergonzado ¿verdad diputada?). Pero doña Dolores del Río está convencida de que solicitar la integración de una “comisión especial” para atender un asunto que ya está en manos de otras comisiones como la de Gobernación y la Anticorrupción, no sólo es la “manera más elegante de hacer y no hacer nada”, sino que en el fondo se pone en riesgo el debido proceso que ya está en marcha puesto que los argumentos esgrimidos por el diputado albiazul están contenidos en una demanda interpuesta por el MC ante el Tribunal de Justicia Administrativa y donde se reclama, además de la nulidad del contrato de alumbrado público, el fincar responsabilidades a los ex funcionarios públicos involucrados. 

“Queremos que quienes la hicieron, la paguen”, dijo. Y las ansias de novillero del joven panista Eduardo Urbina Lucero lo llevan encarar con proverbial desatino a la legisladora del MC, encasillando su pasado como parte de “la mafia del poder del PAN”, sitial que debió advertir, también compartió con quien está a su diestra: su coordinador parlamentario.


Y doña Dolores peca de prudente e insiste a esos “íconos del PAN” que solo busca cuidar el debido proceso. 

El temor inicial de Gildardo Real de que su propuesta fuese a parar a la “congeladora”, pareció confirmarlo el vicepresidente de la cámara, Martín Matrecitos Flores, quien arguyó que habían valorado abanderar esa comisión pero le “vieron ciertos vacíos jurídicos”. 

Aun así, pugna por encontrar el marco jurídico adecuado y los acuerdos políticos. ¡Ah! y puntualiza algo importante: que se valen los apasionamientos en el debate parlamentario, “es lo que le da sabor a la Legislatura”, observó el legislador de MORENA, quien se queda al frente de la asamblea porque el presidente del Congreso, Francisco Javier Duarte Flores, tiene compromiso con el dirigente nacional del magisterio. 

Pero a la insulsez de la agenda en la plenaria de este jueves, se sumó inopinadamente el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, quien por cierto amaneció con un pie fuera de la coordinación parlamentaria del PT, hecho que ratificó ante los reporteros de la fuente y dramatizó con pelos y señales acerca de cómo la comisionada del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara, pretende mangonear a la bancada petista en la LXII Legislatura. 

El tema de su inminente defenestración en el liderazgo parlamentario acaparó el interés mediático y opacó su aportación al catálogo de proyectos sin futuro como es el caso de la iniciativa que propuso para derogar la disposición constitucional que establece la creación del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable, el órgano encargado de fijar las tarifas en el servicio urbano y devolver esa facultad al Poder Legislativo. Si chuy. Y así, con un pleno semivacío, se alcanzó el acuerdo unánime para declarar, mediante “atento exhorto”, que la merluza la pesquen los sonorenses y no los mazatlecos. 

A ver si ahora le hacen caso a don Lázaro Espinoza.

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