Miembros del municipio de Bacoachi implementaron un cierre para evitar el paso de pipas de Grupo México en la zona, por lo que al sitio se trasladaron patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública.
Los miembros de la comunidad llevan un mes tomando el Cañón de Evans, en el Río Bacoachi, de manera pacífica con la finalidad de evitar la extracción de más de 60 mil metros cúbicos de agua por día de la empresa minera, reduciendo los acuíferos de las localidades aledañas.
Sin embargo, este martes, las autoridades enviaron a aproximadamente seis patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para permitir el paso de las pipas, por lo que el grupo de ambientalistas señalaron la poca tolerancia a la protesta civil de los habitantes de las comunidades rurales preocupadas por su consumo de agua.
En un video que se grabó este 9 de julio se aprecia como las unidades de seguridad llegan al área del vado y se ubican a un costado, a unos cuantos metros de los manifestantes, mientras está lloviendo.
“Señores acaba de llegar la estatal diciendo que van a pasar las pipas . Avisen al pueblo para que vengan apoyar. Hay 6 patrullas estatales”, expusieron los activistas este martes.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Sociedad Ambientalista de Sonora informó que desde Bacoachi la población mantiene un cerco para evitar el cruce de las pipas con agua, pero se permite el tráfico a otros usuarios.
El bloqueo que realizan surge debido a que pipas han estado utilizando el agua de las localidades aledañas para llevar a cabo diversas actividades en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, de acuerdo a habitantes de esas comunidades.
El municipio de Bacoachi se encuentra en la región noreste de Sonora, en la misma zona que los ríos Sonora y Bacanuchi que resultaron afectados por el derrame de tóxicos desde la mina de Cananea, propiedad de Grupo México, hace 10 años.
Al respecto, los Comités de Cuenca del Río Sonora, que han luchado por la remediación tras la contingencia ambiental hace una década, solicitaron a las autoridades del Gobierno del Estado, así como al gobernador Alfonso Durazo Montaño salvaguardar y proteger a las comunidades que defienden su derecho al agua.
