AYER POR la mañana, en palacio nacional, Luisa María Alcalde se adelantó en el tiempo y llevando aún en su bolsa el nombramiento de secretaria de Gobernación, participó en la “mañanera” como si fuese dirigente de MORENA.
La aún integrante del gabinete del presidente de la república, trató de explicar cómo se justifica una mayoría calificada en la Cámara de los Diputados, sumando las y los legisladores de cada uno de los partidos políticos que integraron la coalición “Juntos seguimos haciendo historia”, es decir, MORENA, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Algo complejo el entendimiento, el tema se ha vuelto polémico, ya que la oposición al partido en el poder está denunciando la sobre-representación en la Cámara de los Diputados, bajo el espíritu del legislador que estimó evitar que los partidos tuvieran una representación mayor del 8 por ciento del total de votos obtenidos en la elección.
Luisa María Alcalde, en estricto sentido jurídico, tiene razón. Antes del año 2008, la Ley electoral contemplaba a una coalición como un solo ente político, como una sola marca y así lo reconocía en sus representaciones en las cámaras. Sin embargo, se dio una reforma a partir de la cual, las coaliciones dejan de serlo una vez que ha pasado la votación y las representaciones se designan de acuerdo a los votos de cada partido.
Por poner un ejemplo, dicha reforma permitió ahora en el 2024 que el Partido de la Revolución Democrática perdiera su registro porque no alcanzó el porcentaje de votos para seguir viviendo y no se tomó en cuenta su alianza con el PRI y el PAN.
La verdad, es que la sobre-representación en la Cámara de los Diputados y con ello la mayoría calificada de MORENA, es consecuencia de una jugada maestra.
El partido en el poder, en sus contabilidades distritales, se dio el lujo de repartir a algunos de sus militantes para que sus aliados, PT o Partido Verde, los postulara, con el propósito de que luego del triunfo se aseguraran más votos a su favor en ambas cámaras.
Si el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinan que todos esos candidatos “morenistas” que se convirtieron en candidatos de partidos aliados, en realidad pertenecen a MORENA, automáticamente disminuiría el número de la representación proporcional del partido en el poder.
Difícilmente va a proceder la impugnación opositora que alega la sobre-representación de MORENA en la Cámara de los Diputados, porque en estricto sentido de acuerdo con la Ley, existe el reconocimiento en la suma de legisladores, partido por partido y no por la coalición.
Procedería dicha impugnación, si existiera algún criterio superior (alguna jurisprudencia de la Corte, por ejemplo) para fundamentar que en este caso, la sobre-representación existe y que el espíritu de la Ley, elaborada por el legislador, fue evitar que un partido y sus aliados se instalaran como toda una maquinaria en el Congreso de la Unión, ya que eso pondría en peligro a la Democracia.
Con la mayoría calificada, es decir, con las dos terceras partes del total de integrantes de la Cámara de los Diputados, MORENA, el partido en el poder, puede llevar a cabo las reformas constitucionales que desee, entre ellas la del Poder Judicial Federal, único poder con facultades para echar abajo a una maquinaria política en las cámaras, ante violaciones a la Constitución.
Con la reforma al Poder Judicial, consumada, se eliminará a la Suprema Corte de Justicia como contrapeso del Poder Ejecutivo, quien de esa manera concentraría todo el poder del Estado en una sola persona o en un solo ente: palacio nacional.
