Justicia que no llega pronto, se dice, no es justicia. Y ayer se cumplieron los primeros 10 años de lo que fue considerado el mayor desastre ecológico en la historia de la minería metálica en México y que, como sostuvo la Semarnat apenas el año pasado no fue un accidente, sino “una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1.
El desastre comenzó en la presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México que opera en Cananea; desde allí se vertieron más de 40 mil litros de químicos tóxicos como sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio, metales pesados que tiñeron de ocre oscuro las aguas de los ríos Bacanuchi y Sonora, afluentes que alimentan el consumo humano y las actividades agropecuarias de siete pueblos ribereños y 25 comunidades rurales de la región.
La historia de esta tragedia ha sido larga, intrincada y con tendencia a empeorar debido a que desde el inicio se desataron las ambiciones pecuniarias en no pocos servidores públicos que, ya en el penúltimo año de la administración de Guillermo Padrés hicieron una suerte de combinación entre el ‘Año de Hidalgo’ (Chingue a su madre el que deje algo) y el ‘Año de Carranza’ (porque el de Hidalgo no nos alcanza).
Porque no solo se trataba de los recursos públicos con que el gobierno federal y el estatal atendieron las secuelas de la contingencia; también se creó un fideicomiso por parte de Grupo México, inicialmente financiado con dos mil millones de pesos para atender varios rubros, desde la remediación, la indemnización a productores agrícolas y ganaderos; el abasto de agua en pipas, la construcción y operación de plantas potabilizadoras, la compra e instalación de tinacos; el apoyo a pequeños comerciantes y artesanos y hasta se habló de un hospital que tendría su sede en Ures y que estaría destinado a atender las secuelas de la contaminación del agua en la salud de los habitantes de la región.
En los primeros años de la tragedia, ya en la administración de Claudia Pavlovich me tocó asistir a una reunión de autoridades de los tres niveles de gobierno, liderazgos ciudadanos y representantes del Grupo México; desde entonces ya se percibía mucha tensión y desconfianza mutua, pues el ‘manoteo’ había sido terrible en el último año de la administración de Guillermo Padrés y de las obras y acciones para remediar los daños y recuperar la normalidad en los pueblos no se veía nada.
Grupo México se quejaba en aquel entonces de que incluso había incrementado el fideicomiso citado hasta los cinco mil millones de pesos (tema no comprobado) pero una cantidad indefinida de ese recurso (en caso de que sí haya sido incrementado) se diluyó en los insondables vericuetos de la corrupción institucional y, también hay que decirlo, de no pocos ciudadanos que de pronto aparecieron en las ventanillas para cobrar como damnificados alegando propiedad sobre algunas tierras, así estas no fueran productivas.
Para 2017, Grupo México extinguió el fideicomiso y si de por sí no se habían concretado obras y acciones de remediación, mucho menos atención a la salud de los pobladores, lo que siguió fue un largo litigio para reabrir el fideicomiso, lo cual no ha sucedido.
Hay incluso una denuncia penal presentada por Semarnat contra las empresas del Grupo México, misma que hasta hoy no ha procedido. Y es que Germán Larrea, el capitán de ese consorcio multimillonario en dólares no es, ni cercanamente una hermanita de la caridad, aunque en descargo, hay que aludir a la rapiña que observaron sus representantes en los primeros meses del desastre.
Lo cierto es que ayer, habitantes de los pueblos del Río Sonora y activistas comprometidos con la remediación de los daños se manifestaron en Hermosillo para protestar por el olvido de compromisos que ya están cumpliendo diez años.
Allí hubo fuertes cuestionamientos a lo que llamaron “la complicidad de los gobiernos con los que explotan cerros, acaparan tierras y utilizan los ríos como drenaje”.
El gobierno del estado por su parte, difundió un desplegado en el que ratifica su compromiso para garantizar una atención integral a los habitantes de la región en materia de salud, rescate ambiental y recuperación productiva.
Cita que se están desarrollando acciones en ese sentido y también se rehabilita el hospital comunitario de Ures en el que se invierten alrededor de 100 mdp para atender a más de 62 mil beneficiarios del IMSS-Bienestar en la región.
Firmado por el gobernador del estado, en el desplegado se lee: “Reitero mi compromiso sin regateos con la población de estas comunidades. El gobierno que encabezo asume el reto de continuar trabajando para generar condiciones que garanticen el desarrollo de las actividades mineras con plena responsabilidad social y ambiental”.
Los vecinos sin embargo, como se vio ayer, tienen otros datos. Y del Grupo México mientras tanto, no se sabe mucho, sobre todo en el tema de la reapertura del fideicomiso, que sigue entrampado en tribunales.
II
A partir del próximo mes de noviembre Ciudad Obregón incrementará su conectividad aérea con tres nuevos vuelos que vendrán a dinamizar la actividad turística y de negocios.
La primera de ellas será Obregón-Guadalajara administrada por la aerolínea Viva Aerobús, aunque esta iniciará operaciones hasta el dos de diciembre saliendo los días lunes, miércoles y viernes.
El 3 de noviembre se inaugurará la ruta Ciudad Obregón-CDMX con llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por Viva Aerobús, y el 4 de noviembre iniciará operaciones la ruta Obregón-Monterrey la aerolínea Volaris.
Hay un compromiso del gobernador Alfonso Durazo para seguir trabajando con otras aerolíneas para incrementar la conectividad en la entidad, lo que se reflejará en la atracción de más visitantes y mayor derrama económica.
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