Washington DC, Estados Unidos.- Un juez de Boston desestimó este miércoles la demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses a los que reclamaba 10 mil millones de dólares, al considerarlos en parte responsables de la violencia criminal en su territorio.
En su decisión, el juez Dennis Saylor, del tribunal de distrito de Boston (noreste), alega “falta de jurisdicción” en conformidad con la legislación estadounidense, dándole la razón a seis fabricantes demandados.
Para el juez, la pregunta principal en este caso era si la demanda de México contra los fabricantes de armas “surgía” de sus transacciones comerciales en Massachusetts.
Y concluye en un memorando de 28 páginas que la conexión con el estado “es, en el mejor de los casos, muy tenue”.
“El demandante ha sido incapaz de presentar pruebas suficientes para establecer una suficiente relación entre los daños alegados y las transacciones comerciales de ninguno de los seis demandados en Massachusetts”, señala.
Tampoco tiene la corte “autoridad para relajar los requisitos de la jurisdicción personal, incluso en casos contra partes impopulares o polémicas”, concluye el juez.
México demandó en agosto de 2021 a siete fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
En septiembre de 2022 un juez de Boston desestimó la demanda de México, que decidió apelar la decisión.
En enero pasado, un juez de la corte de apelaciones reconoció su derecho a demandar a los fabricantes de armas, haciendo revivir el caso que este miércoles el juez Saylor volvió a echar abajo.
Según la Cancillería mexicana, entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas por esas empresas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedente de Estados Unidos y la gran mayoría son halladas en escenas del crimen en el país.
México ha registrado más de 340 mil asesinatos y unos 100 mil desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
El Gobierno de México presentó otra demanda en un tribunal de Arizona, basándose en una nueva ley en Estados Unidos que penaliza a prestanombres que adquieran armas para un tercero.
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