La reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero y que será discutida por el Congreso en septiembre, representa el mayor riesgo para el sector corporativo en México, según un análisis del banco estadounidense Bank of America (BofA).
La institución destacó que esta reforma es la más importante del “Plan C”, ya que “tiene enormes implicaciones en cómo funciona la democracia” en el país.
BofA advirtió que la reforma judicial, que busca eliminar a los siete mil 293 jueces en funciones en México, así como a los 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría cambiar radicalmente el sistema de justicia en el país, ya que el objetivo principal es que todos los jueces sean elegidos por voto popular.
Según el análisis titulado “Los próximos 90 días podrían dar forma a la próxima década para México: mantenerse a la defensiva, tiene el potencial de transformar la vida política y social del país”.
Además de la reforma judicial, BofA señaló que los planes del Ejecutivo para modificar el estatus de Pemex y la CFE de empresas productivas a públicas, así como la eliminación de organismos autónomos, también representan un muy alto riesgo. Estas reformas, que forman parte del “Plan C”, son vistas como un esfuerzo del gobierno para beneficiar al pueblo y al país, aunque BofA anticipa que generarán volatilidad en el corto plazo.
A pesar de los riesgos señalados, la institución estadounidense no realizó modificaciones a sus portafolios de inversión en México, ya que aún considera que hay oportunidades a largo plazo.
BofA también advirtió que algunas de las reformas propuestas podrían plantear cuestiones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente la eliminación de agencias independientes y cambios en la política de no fianza después de la detención.
Finalmente, BofA señaló que la reforma del transporte ferroviario de pasajeros podría violar las protecciones a los inversionistas bajo el T-MEC, y que la eliminación de la CRE y los cambios en Pemex y CFE podrían generar conflictos adicionales en las relaciones comerciales de México con sus socios norteamericanos y europeos.
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