Representantes de los municipios que conforman el Río Sonora y Bacanuchi desmintieron a las autoridades federales y estatales en cuanto a los supuestos avances que han asegurado se tienen con respecto a la remediación del derrame que ocurrió en agosto del 2014.
A través de un comunicado, integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora aseveraron que aún y cuando el gobierno federal ha informado que se ha cumplido con acciones como es la instalación de varias plantas potabilizadoras de agua, la implementación de un plan de justicia ambiental, atención médica, entre otros puntos, eso no ha sucedido.
Como muestra retomaron lo expuesto en la “mañanera” por parte del gobierno federal y la Semarnat en cuanto a la supuesta rehabilitación de seis plantas potabilizadoras y la construcción de cuatro nuevas, con la que afirman que se ha garantizado el abasto del recurso hídrico a los más de 20 mil habitantes, pero esos informes no coinciden con la realidad.
“Las 6 plantas construidas en la administración anterior fueron rehabilitadas parcialmente; una comenzó a operar en 2023, y las demás a inicios de 2024. Sin embargo, en ninguna se ha garantizado la efectividad para la separación de metales pesados, pues no cuentan con análisis recurrentes de calidad de agua”, se expone en el posicionamiento.
También cuestionan que ninguna autoridad asume la responsabilidad de monitorear el agua de las plantas de manera permanente, además de que dichas plantas no cuentan con presupuesto para operar más allá de junio de 2025.
En cuanto a la existencia de un Plan de Justicia Ambiental, los pobladores y activistas sociales señalaron que si lo hay, no ha sido presentado a las comunidades, puesto que las declaraciones de las autoridades se basan solo en análisis, más no en propuestas ni en acciones concretas.
Al ser la salud el principal tema en el que exigen resultados, sostuvieron que tampoco hay un plan concreto para atender a las personas afectadas, al no existir esquemas de prevención o atención urgente especializadas en toxicología, debido a que no hay seguimiento a los estudios realizados a los ciudadanos en esa zona, aunado a que el IMSS-Bienestar se ha relegado para encabezar los trabajos de salud especializada en toxicología.
Indicaron que no existe infraestructura o mecanismos específicos para garantizar agua potable suficiente y libre de metales pesados en 24 comunidades, a pesar de que tanto un Juez Federal como la CNDH han catalogado como urgente la necesidad de tomar medidas al respecto.
“Las comunidades afectadas seguiremos exigiendo acciones concretas y que se respete nuestro derecho a participar en los procesos de justicia. Nuestro derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano no es negociable. Seguiremos luchando hasta que se haga Justicia para el Río Sonora”, concluyeron.
