Ciudad de México.– La consolidación de inversiones en el sector energético mexicano estarán “en pausa” durante los próximos meses, mientras definen los cambios que se realizarán en la reforma energética y ajustes regulatorios, consideró especialista.
Marta Jara, representante del Institute of the Americas, dijo en entrevista que las inversiones que realiza cualquier empresa en algún país requieren de una estabilidad jurídica para poder consolidarse, la cual no se tiene en México.
“En cualquier país es importante la estabilidad jurídica porque le da confianza a los inversores. Si bien se pueden hacer cambios y es totalmente legítimo, pues al tratarse de algo no probado por supuesto que genera incertidumbre y eso puede desalentar a la inversión.”Para el sector de energía en general, como son negocios de capital intensivo y que requieren de mucho tiempo para recuperar la inversión, es particularmente importante la estabilidad jurídica, si yo tuviera que poner mi dinero, me tomaría unos meses reevaluar la situación, y creo que vamos a ver unos meses de ‘impaz’, pero ojalá que el ciclo de inversiones se pueda reactivar”, apuntó.
El pasado 10 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia energética, la cual modifica los artículos 25, 27 y 28 constitucional, en la que se regresa Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) a ser empresas públicas y no productivas del Estado, con lo que se busca cumplir con una función social.
Además, la iniciativa busca que en las actividades donde se tenga participación del sector privado, no podrán tener mayor prevalencia respecto a las empresas estatales.
Ahora se alista su discusión y votación en el Senado de la República, y de aprobarse pasará a los congresos locales.
Jara señaló que si bien el Estado puede tener control sobre ciertos activos y/o actividades, eso no implica que no existe espacio para las empresas privadas, pues en diversos países se han establecido mecanismos para dar concesiones o contratos en los que privados realizan las inversiones, implementan su tecnología y la infraestructura al final queda en control del Estado, ante la falta de capacidad del mismo de poderla desarrollar.
“Siempre hay actividades que el Estado se quiere reservar, pero la cuestión es que a veces entre el querer y el poder hay una brecha que hay que resolver, porque si ponemos todo en la cabeza del Estado, la capacidad de ejecución desde el punto de vista técnico e incluso financiero hace que todo se vuelva lento, y la infraestructura energética tiene vulnerabilidad y no alcanza a cubrir las necesidades con el nivel de seguridad que se necesita”, comentó.
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