Moctezuma, Sonora.- La aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Anima que prohíbe las peleas de gallos (entre otras cosas) trajo consigo inconformidad por parte de las personas cuyo sustento depende de dicha actividad. Se reunieron frente al Auditorio Cívico del Estado, donde el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rindió su tercer informe de Gobierno para protestar. Ante las manifestaciones, el mandatario reafirmó la postura que veda el combate entre aves.
Según explicó, la entidad pretende ser un territorio vanguardista, lo cual es incompatible con ‘espectáculos’ violentos protagonizados por gallos o perros. Enfatizó que todos los animales deben ser tratados con respeto. Para atenuar el malestar, el funcionario mencionó que se está considerando un período de transición para que quienes se dedican a dicho ramo puedan encontrar nuevas fuentes de ingresos. Será el Congreso del Estado el encargado de dar seguimiento a esta situación.
Cabe recordar que semanas atrás un contingente nutrido por decenas de personas se dieron cita en Hermosillo para negociar con el Gobierno y activistas el veto a las peleas. Si bien es ilegal realizarlas, ello no ha podido frenar del todo con las riñas, ya que siguen organizándose de forma clandestina, sobre todo durante las fiestas locales y al menos una vez al mes en algunas ciudades. De acuerdo con Excélsior, la actividad genera más de 8 mil 250 millones de pesos anuales en México.
Son escasos los estados que permiten las peleas de gallos. En Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit e Hidalgo son consideradas patrimonio histórico intangible. En Jalisco, Sinaloa y Estado de México pueden realizarse sin restricciones, en tanto que en el resto de las entidades son consideradas como actos de crueldad.
La mencionada ley también sanciona las cabalgatas, jaripeos y corridas de toros. Se trata de una disposición que publicada el 12 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial del Estado de Sonora, consta de 90 artículos que definen las responsabilidades de las autoridades municipales y estatales para asegurar el bienestar animal y prevenir el maltrato. La ley también requiere permisos para organizar eventos que involucren animales, con el propósito de reducir y, en última instancia, eliminar prácticas dañinas, aunque sean tradicionales.
