El Grupo Parlamentario del PT informó que solicitará juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los que señala de “atacar a instituciones democráticas y violentar la supremacía constitucional”.
El petista Ricardo Mejía Berdeja señaló directamente a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte.
“Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Han hecho un ataque a las instituciones del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano representativo federal. Violaron la Constitución Política que juraron cumplir y hacer cumplir”.
El legislador defendió el argumento de que solo el poder reformador puede hacer cambios a la Constitución y que la Corte no puede revisar reforma constitucionales.
El diputado Santiago González Soto comentó que esta “guerra jurídica”, es más bien “legaloide”, porque en ninguna parte del proceso jurídico de la reforma judicial, desde que se aprobó en la Cámara de Diputados, se ha incurrido en irregularidades o ilegalidades como argumentan las y los jueces.
“Vamos en apoyo a la presidenta, en apego a la Constitución, y con el apoyo del pueblo, al juicio político en contra de los representantes que se han opuesto a lo que el pueblo mandata con el Plan C”.
El diputado Reginaldo Sandoval dijo que la reforma judicial “sí va”, ya que las determinaciones de las y los jueces no tienen ninguna validez. Por ello, el pasado 16 de octubre el Senado de la República aprobó la convocatoria para elegir a ministros, magistrados y jueces en 2025.
Detalló que el 31 de octubre los tres Poderes instalarán sus comités de evaluación. El 4 de noviembre se publicará la convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulantes; y del 5 al 24 del mismo mes, será el plazo para inscribirse a las convocatorias emitidas por los comités de evaluación.
Para el 14 de diciembre los comités verificarán que los aspirantes reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad, y al día siguiente, es decir el 15, se publicará el listado de personas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad, abundó.
El 31 de enero de 2025 los comités de evaluación calificarán la idoneidad de las personas elegibles. El 4 de febrero seleccionarán los perfiles mejor evaluados para cada cargo y remitirán los listados correspondientes a la autoridad que representa cada Poder de la Unión. El 6 del mismo mes, mediante una sesión pública, harán los ajustes al número de postulaciones.
Para el 9 de febrero los listados depurados serán aprobados por los Poderes de la Unión y remitidos al Senado de la República. El 12, el Senado entregará los listados y expedientes de las personas postuladas para remitirlos al Instituto Nacional Electoral.
“Así va el procedimiento, y no hay juez ni magistrado que detenga este proceso y esta marcha de la Cuarta Transformación, que es una revolución profunda”, aseveró el coordinador parlamentario.
