El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó el 30 de septiembre con 72,337 tomas clandestinas, un promedio diario de 35, para robar combustibles en oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), según datos obtenidos por EFE mediante solicitudes de transparencia.
Los piquetes en poliductos, oleoductos y gaseoductos durante el sexenio muestran sólo una parte del robo de combustibles, delito que en el país se llama ‘huachicol‘.
El crimen va aparejado a una cultura en torno al hurto de gasolinas y gas, como ejemplifica la figura del Santo Niño Huachicolero, venerado por delincuentes en distintas regiones, alertó en una entrevista con EFE la coordinadora en México de la Red Amassuru de Mujeres en Seguridad y Defensa, Margarita Zapata Moreno.
El estado de Hidalgo lidera las estadísticas con el mayor número de tomas ilegales, con 24,710, pero junto con entidades como Puebla y Guanajuato es un ejemplo de una base social y de una cultura en torno al ‘huachicoleo’, expuso la experta, autora de una investigación académica sobre el diseño de la estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos en el Gobierno de López Obrador.
“El robo de combustibles es una cadena muy extensa, desde el personal de Pemex que facilita información, la participación de la delincuencia en la extracción, distribución y almacenamiento, y quienes lo compran”, afirmó.
Los números oficiales obtenidos por EFE mostraron que entre 2020 y 2021 hubo 11,000 llaves instaladas ilegalmente anuales, pero en 2022 y 2023 subieron a 13,946 y 14,890, respectivamente. Y de enero a agosto del 2024 la cifra alcanzó más de 8.000 piquetes.
Los informes muestran que el delito ocurre en todo el territorio, pero el mayor número de agujeros se registró en tres entidades del centro de México: Hidalgo, Estado de México (8,919) y Puebla (8,636).
En los primeros 10 lugares también están Tamaulipas, con 4,441 piquetes, y el Veracruz, 4,110, así como los centrales Guanajuato (3,992) y Querétaro (1,833), además de Baja California (1,787), y Tabasco (1,764).
Se estima, afirma la especialista en políticas públicas y seguridad pública, que el robo de hidrocarburos ocurre por lo menos en 24 entidades, con variaciones en los actores, grupos delincuenciales, alianzas y del modus operandi.
“Habría dos niveles de riesgo, uno en el que hay un fuerte involucramiento de las comunidades y la sociedad civil, sobre todo en Hidalgo y Puebla, asociado al desarrollo de toda una cultura de estos delitos. En Guanajuato se volvió una especie de economía y fuentes de ingreso para las familias”, describió.
En su investigación detectó que en la comunidad de Palmarito Tochapan del municipio de Quecholac, ubicado en el llamado ‘Triángulo Rojo del Huachicol’ en Puebla, un líder delincuencial apodado ‘El Toñín’ repartía “ayudas sociales” como despensas y camiones repletos de verduras a la población.
Y encontró que, por ejemplo, una persona que comercializa gasolina robada en el municipio de Tula, Hidalgo, percibe hasta 30,000 pesos semanales.
“La población defiende a esos grupos criminales, que les dan fuentes de trabajo y dádivas”, alertó.
Los tentáculos de la operación de los carteles del narcotráfico mexicanos, dedicados usualmente al trasiego de drogas y extorsión se extendieron al ‘huachicol’, delito que han convertido en una fuente principal de sus ingresos, advirtió la investigadora.
El último informe de la Administración de Drogas identificó la operación en México de al menos nueve organizaciones del narcotráfico: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva, Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La empresa petrolera respondió con la presentación de 32,323 denuncias penales, pero la experta señala que lo denunciado no corresponde a los delitos que se involucran en la cadena del mercado ilegal: transportación, almacenamiento, distribución y, sobre todo, de compra.
“Eso quiere decir que toda esta parte de la cadena delictiva está pasando desapercibida para las autoridades”, advirtió.
