En 2030 no sólo terminará el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, también llegará a su fin el bono demográfico, una etapa de casi seis décadas en la que el número de personas en edad de trabajar fue superior al de personas dependientes (niños y adultos mayores).
Quedan seis años para aprovechar una circunstancia que, en teoría, debía favorecer el crecimiento económico, el ahorro y el desarrollo de capacidades, antes de que México se convierta en un país con elevados porcentajes de población anciana, con las consecuentes presiones al sistema de salud y a las finanzas públicas.
El Sol de México entrevistó a expertos en demografía para preguntarles si el bono poblacional ha sido aprovechado o si los seis años que restan son suficientes para hacer lo que no se hizo en nueve sexenios anteriores (desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador). Los diagnósticos son poco optimistas.
“Tuvimos más de 50 años para sacar ventaja de esta ventana demográfica; sin embargo, no supimos aprovechar las oportunidades”, afirma Isalia Nava Bolaños, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“No tuvimos las políticas públicas adecuadas para aprovechar que teníamos una mayor participación de población en edades activas, pues al momento de insertarse en el mercado laboral lo hicieron en actividades precarias; más del 50 por ciento de la población ocupada está participando en la informalidad”, subraya.
“Desde hace por lo menos 30 años era muy importante elevar el nivel educativo de la población, aumentar el número de universidades, incrementar los niveles de capacitación de la población, sobre todo para enfrentar un mercado de trabajo cada vez más competitivo; desgraciadamente se hizo muy poco”, apunta, por su parte, Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, de la UNAM.
De acuerdo con la investigadora, la incapacidad del sistema productivo de integrar la mano de obra al mercado formal de trabajo no únicamente arroja grandes problemas de corto plazo, como el crecimiento del trabajo informal, también acumula una masa creciente de mexicanos que no contarán en su vejez con seguridad social y algún tipo de fondo para su retiro.
El segundo piso de la 4T
La mayoría de los estudios poblacionales ubican el arranque de los años 70 como el inicio del bono demográfico, cuando el número de personas dependientes comenzó a descender y, en paralelo, despegó el volumen de mexicanos en edad laboral. En 1970, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 30.6 millones de personas tenían entre cero y 18 años o más de 60; en contraste, 20.1 millones tenían entre 19 y 59 años. La balanza era deficitaria.
Según la tendencia, el punto más amplio de la brecha entre ambos sectores de la población se alcanzará justo en 2030, cuando 59.3 millones sean dependientes y 78.2 millones estén en edad laboral. A partir de ahí, las líneas se cerrarán.
A pesar de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum será la última con la oportunidad de aprovechar el bono demográfico, los planes de gobierno divulgados hasta el momento (el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 aún no se publica) no parecen empujar una agenda que procure una mayor resiliencia ante el envejecimiento de la población.
En el documento “100 pasos para la transformación”, donde se plantean las principales líneas de acción del gobierno de Sheinbaum, el capítulo sobre educación media superior señala que “la educación de los jóvenes es la más alta prioridad nacional debido al cambio demográfico y a la georelocalización de la alta manufactura. Será necesario un enfoque de política intersectorial para que, más allá de la educación escolarizada, las y los jóvenes dispongan de acceso a la salud, al deporte, la recreación y el trabajo”.
No obstante, la más reciente Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que cinco de cada 10 personas desempleadas en México tienen entre 15 y 29 años.
