Donald Trump ha insistido en las deportaciones masivas, aunque sea poner la soga a las finanzas y a las agencias en Estados Unidos. La promesa de deportar a 11 millones de indocumentados sería, ante todo, un esfuerzo logístico monumental.
Las agencias encargadas de la detención y deportación de inmigrantes, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) están mal equipadas para manejar una operación de esta escala.
De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE cuenta con 7 mil 711 empleados para las operaciones de deportación.
“Comparando esta cifra con el número de inmigrantes que Donald Trump quiere expulsar, es evidente que estas agencias necesitarían una expansión muy amplia de personal y recursos”, señala desde Texas el especialista en seguridad binacional, Jaime Ortiz.
Expertos como Edward Alden, del Council on Foreign Relations, han señalado que aumentar las deportaciones masivas requeriría más esfuerzo que sólo aumentar el número de agentes: “El verdadero obstáculo es la infraestructura. Aumentar el personal no es suficiente; necesitaríamos duplicar o triplicar las instalaciones de detención y eso lleva tiempo y dinero”.
Además, la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos (GAO) ha criticado que los métodos de ICE para estimar los costos de detención no son confiables, lo que plantea dudas sobre la viabilidad presupuestaria de expandir el programa.
El impacto económico de deportar a millones de indocumentados es otro de los puntos críticos. Según un estudio del Center for American Progress, “un enfoque de deportación tiene el efecto acumulativo de drenar 2.5 billones de dólares de la economía estadounidense en 10 años. Se trata de una oscilación de 4 billones de dólares en el PIB dependiendo del enfoque político que adoptemos”. “Se debería principalmente a la pérdida de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y el sector de servicios que dependen en gran medida de la fuerza laboral inmigrante”, explica el economista Iván Jiménez, desde Florida.
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