En entrevista para Aristegui en Vivo, Armando Vargas, coordinador de seguridad de México Evalúa, destacó la alarmante expansión de la extorsión como una de las principales expresiones de la operación de los grupos criminales en México.
Desde 2018 hasta 2024, la extorsión ha incrementado más del 50%, y en el primer mes de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, las víctimas de extorsión aumentaron un 66% en comparación con el primer mes de la administración de López Obrador.
Vargas dijo que la extorsión ha superado al narcomenudeo y al tráfico de drogas a nivel internacional, convirtiéndose en una actividad económica crucial para el crimen organizado. Los grupos criminales están en la necesidad de diversificar sus fuentes de financiamiento debido al recrudecimiento de los conflictos criminales, lo que los lleva a expandirse hacia otros mercados ilícitos como el cobro de piso y el tráfico de migrantes en las fronteras norte y sur.
El coordinador de seguridad de México Evalúa explicó que las entidades que concentran la mayor incidencia de extorsiones, como el Estado de México, Guanajuato, Colima y Morelos, son aquellas donde el crimen organizado ha logrado un significativo control territorial. La extorsión afecta no solo a los grandes empresarios, sino también a medianas y pequeñas empresas, que se encuentran en un punto intermedio entre la capacidad de protección y la rentabilidad para los grupos criminales. Las empresas medianas son particularmente vulnerables porque no disponen de los recursos necesarios para protegerse como las grandes empresas, pero tampoco son tan pequeñas que no representen una ganancia significativa para el crimen organizado.
Vargas enfatizó que la extorsión es un delito con un alto grado de impunidad, con más del 90% de los casos sin denuncia y cerca del 98% sin resolución. La población no denuncia debido a la falta de confianza en las autoridades y el temor a represalias del crimen organizado. Para abordar este problema, es fundamental reducir la impunidad a través del fortalecimiento institucional, la profesionalización de las policías y las fiscalías, y el establecimiento de mecanismos de protección efectiva para las víctimas.
En su investigación “Empresas Bajo Fuego“, México Evalúa identifica los factores que llevan a la victimización empresarial y resalta que las extorsiones son uno de los delitos que más afectan a los empresarios medianos y del sector comercial. Este estudio es clave para formular políticas públicas bien focalizadas que maximicen los recursos y protejan a las víctimas.
El discurso oficial que se centra en la disminución de los homicidios dolosos invisibiliza la magnitud del problema de la extorsión. Aunque los homicidios dolosos son una máxima expresión de la violencia intencional, no reflejan todas las dinámicas del crimen organizado. La operación “enjambre” en entidades y municipios con baja incidencia de homicidios dolosos muestra cómo los regímenes criminales prolifera la extorsión sin necesariamente aumentar los homicidios.
