Mediante sus tres modalidades, las redes de robo y tráfico ilegal de combustibles se ampliaron a las 32 entidades, de acuerdo con expertos consultados.
El llamado “huachicol” no sólo tiene efectos nocivos para el erario y la seguridad pública, sino que también genera daños a los automovilistas, transportistas, permisionarios e inversionistas, explican.
“Antes no se veía que los combustibles estuvieran adulterados en la Península de Yucatán, porque llegaban directo al puerto de Progreso y de ahí se distribuían, pero ahora hay comercializadores que operan en otras zonas y se comenzó a percibir este problema”, dijo Andrés Gutiérrez, director de CIEFSA, laboratorio que verifica la calidad de gasolinas que se comercializan en todo el país.
“Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Ciudad de México tienen ya este problema. Ya no hay estado en que no se registren estos combustibles. Ya es más de 30% de las gasolinas las que están adulteradas y por eso vemos cada vez más quejas de que los vehículos se dañan”, comentó en entrevista.
En su opinión, la delincuencia organizada se internó en la cadena de suministro de los combustibles, especialmente en los eslabones que corresponden a los comercializadores y transportistas.
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