Ciudad de México.- De acuerdo con funcionarios del organismo, la instrucción es priorizar la elección del Poder Judicial, por encima de las actividades ordinarias.
A la par, la comisión organizadora de la elección judicial elabora una propuesta de presupuesto para dichos comicios, que contemple reducciones en algunos apartados.
La indicación es que el proyecto esté listo el jueves, para que sea aprobado en la sesión del viernes.
La proyección que el jueves pasado dio a conocer el consejero Martín Faz, en la que advierte que la elección judicial absorberá prácticamente el recorte presupuestal que aplicó la Cámara de Diputados, es respaldado por al menos cuatro consejeros electorales más.
Esto, insisten, porque el presupuesto base del organismo electoral no debe tocarse, pues el 70 por ciento es para el pago de personal permanente, y el resto para proyectos irreductibles, como la emisión de la credencial de electoral, la creación de nuevos partidos, el pago de servicios básicos y operativos del organismo.
El presupuesto de 33 mil 121 millones de pesos que pidió el INE a Diputados se divide en cinco rubros: 13 mil 255 millones para su operación ordinaria, 832 millones para elecciones locales en Durango y Veracruz, mil 200 para diversos proyectos,
13 mil 205 millones para la elección del Poder Judicial y 4 mil 620 millones de pesos para una posible consulta popular.
De ese monto total, Morena y sus aliados recortaron 13 mil 476 millones, por lo que consejeros afirman que 4 mil serán tomados de la consulta popular, pues ésta no se realizará, y los otros 8 mil 885 millones de la elección judicial.
Sin embargo, reconocen, la presidenta del INE y los integrantes de la comisión organizadora no están en la disposición de dejar el proceso del Poder Judicial en sólo 4 mil 349 millones de pesos, por lo que, contrario a otros años, buscarán recortar recursos de la cartera de proyectos -que incluyen programas del padrón, de datos personales, igualdad, y evaluación administrativa-, y del presupuesto operativo.
Insisten en controversia
Mañana martes, en su reunión privada semanal, consejeros insistirán sobre la necesidad de interponer una controversia constitucional por el recorte que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto del 2025.
Esto, porque contrario a la resolución de la SCJN en el 2022, la Cámara no realizó un “motivación reforzada” que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar la reducción, además de poner en juego la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos y arriesgar una elección.
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