En México existen alarmantes cifras de aumento en el abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de niños y niñas afectados anualmente, lo que coloca a nuestro país en el primer lugar por la comisión de este delito, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Senado de la República.
Cabe destacar que en planteles públicos y privados de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó este año casos de violencia extrema y sexual ejercida contra niñas y niños de 18 preescolares.
De acuerdo con el reporte “Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, elaborado por la ODI, existen patrones de violencia sexual ejercida por maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia.
El documento reveló que las víctimas, de entre 3 y 7 años de edad, fueron agredidos al interior o sacados de las escuelas para cometer diversos actos de abuso sexual en su contra.
Según el reporte, del total de las víctimas 37 refirieron tocamientos por parte del adulto o haber sido obligados a tocarse entre ellos; 11 describieron actos que constituyen violación equiparada; 8 reportaron agresiones físicas; tres señalaron que fueron obligados a observar sexo entre adultos; 17 describieron a un maestro exhibiéndose ante el salón entero; cuatro que fueron amarrados; dos mencionaron haber sido amordazados con cinta, mientras que siete aseguraron haber sufrido abuso frente a un grupo de niños y niñas.
Piden Plan Nacional
Ante ello, el Senado exhortó al Poder Ejecutivo Federal y a las secretarías de la Administración Pública Federal a que, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, realice una evaluación sobre las acciones para prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
También se hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en el país a emprender las acciones necesarias para atender la recomendación del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y reforzar las acciones dirigidas a prevenir, identificar, tratar y monitorear la violencia sexual en los planteles educativos.
En el documento legislativo, además, se exhorta a reforzar la coordinación interinstitucional entre las dependencias encargadas de implementar las acciones mencionadas y a que la evaluación contemple las brechas para su implementación, en cuanto a la vulnerabilidad social y geográfica, a fin de que los resultados se traduzcan en estrategias para fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Se trata de reforzar la prevención del abuso sexual en el ámbito educativo mediante la sensibilización y apoyo a docentes, profesionales de la salud y trabajadores sociales.
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