El Zancudo. Por: Arturo Soto
La mesa quedó puesta ayer en el Congreso del Estado para la elección de jueces y magistrados estatales el próximo uno de junio. La pura mesa: faltan las sillas los cubiertos, el menú, los invitados y, entre otras cosas, el costo del banquete.
Diputados y diputadas sesionaron ayer de manera extraordinaria para aprobar reformas a la legislación electoral local, que la armonicen con la federal y se establezcan los tiempos y las formas para la primera elección de personas juzgadoras, en sus seis etapas, a saber: preparación, convocatoria, jornada electoral, cómputos, asignación de cargos y entrega de constancias.
Antes de que comenzara la sesión, trascendió la noticia de la renuncia anticipada de al menos cinco magistrados cuyos cargos salieron sorteados en la tómbola para ser reemplazados. Como ocurrió en el Poder Judicial federal, argumentaron que ya estaban en condiciones de jubilarse y no tienen interés en participar del proceso electoral.
Con una mayoría de Morena y aliados anticipadamente a favor de la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal, la aprobación era de mero trámite, aunque se abrió el debate respectivo y se plantearon varias propuestas de la oposición. Emeterio Ochoa, del PRI, por ejemplo, tocó uno de los temas que más interés despertaba, a propósito del Comité de Evaluación, es decir, las personas que habrán de determinar en un primer filtro a los aspirantes que a su juicio cumplan el perfil para los cargos buscados.
El priista proponía que dichas personas tendrían que acreditar un periodo de por lo menos tres años fuera del servicio público o de algún cargo partidista. Se la aprobaron a la mitad: quedan fuera dirigentes de partido en ese periodo, pero podrán participar servidores públicos sin ese condicionamiento. Con un Congreso abrumadoramente mayoritario a favor de Morena, ya es ganancia que al PRI le aprueben media propuesta.
La bancada de MC rechazo el dictamen argumentando que diez de los 39 cargos que estarán en disputa no han sido precisados; que hubo parlamentos abiertos simulados, que las personas juzgadoras actualmente en funciones y con años de experiencia podrían ser sustituidas por gente sin experiencia en la función judicial y, entre otras cosas, que el proceso implicará un gasto extraordinario que no se ha contemplado en el presupuesto.
A Gabriela Félix y Manuel Scott, los diputados naranja, los escucharon pero no los juzgaron, como tuiteó recientemente el presidente de la Cámara, Omar del Valle Colosio previendo el debate que vendría. O mejor ilustrada aún la situación, con otro tuit del mismo Colosio: “al que le pique, que se rasque”.
Pequeñas licencias de sarcasmo que uno se puede dar cuando cuenta con una mayoría tan holgada como la que hoy existe en la coalición oficial.
En fin, la mesa quedó puesta: la elección será mediante boletas, la ciudadanía votará en cuatro categorías de cargos judiciales (magistraturas del STJE, Tribunal de Disciplina Judicial, Regionales de Circuito y Jueces y Juezas), se implementarán medidas de austeridad limitando las campañas a 30 días y vigilando el uso racional de los recursos públicos.
Para la bancada morenista, en voz de su coordinadora Ernestina Castro Valenzuela, esta reforma garantiza la correcta elección de las personas juzgadoras mediante procesos armónicos, eficientes y democráticos.
Por tratarse de un proceso inédito, es claro que muchas cosas quedan aún en el aire. Veremos en los próximos meses quiénes se inscriben y para qué cargos; cómo se integra el Comité de Evaluación, pero sobre todo, cómo es recibido el proceso por la ciudadanía y cuánto interés y voluntad hay de participar en el mismo. También, de dónde van a pellizcar presupuesto para asignárselo al IEE a fin de que saque adelante el proceso.
II
Buenas noticias para los productores agrícolas del sur de la entidad, a quienes el gobernador Alfonso Durazo convocó a inscribirse en el Programa de Reconversión de Cultivos que busca mejorar condiciones y oportunidades para un futuro agrícola sostenible.
Los gobiernos estatal y federal destinarán apoyos directos a los agricultores, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático que en el sur se han manifestado con una prolongada sequía que ha dejado cientos de miles de hectáreas ociosas.
Este programa ataca la situación en dos vertientes: por un lado incentiva la reconversión de cultivos al apoyar a los agricultores con 5 mil pesos por hectárea sembrada de cártamo; por el otro y mediante un acuerdo con el gobierno federal y la industria aceitera, se establece un precio de 425 dólares por tonelada de cártamo a quienes se sumen a esta iniciativa.
El gobernador convocó a los agricultores a acudir a las juntas de sanidad vegetal para solicitar los apoyos correspondientes y enterarse de los procedimientos a seguir.
III
Rápido deslinde del secretario de Bienestar estatal, Fernando Rojo de la Vega sobre su presunta participación en una triangulación empresarial para la instalación de una fábrica de gorras en terrenos ejidales de Agua Prieta, publicada en un medio dedicado 100% al golpeteo político contra todo (o casi todo) lo que huela a 4T.
De acuerdo con el funcionario, a la empresa de capital chino se le ofreció el mismo paquete de incentivos fiscales que se le ofrece a cualquier empresa que busque instalarse en la entidad.
En un desplegado difundido ayer mismo, Rojo de la Vega sostiene: “Privilegiando los principios de gobierno honesto y transparente, con la absoluta tranquilidad de que no se cometió ninguna ilegalidad y honrando la palabra empeñada de terminar con la corrupción me pongo en completa disposición para cooperar en cualquier investigación que deba de hacerse por la autoridad que se considere competente. Lejos de acreditar aquello que se quiere señalar como periodismo de fantasía, lo hago con la finalidad de no dar pie a suspicacia alguna y dejar claro que no somos iguales a los gobiernos de antaño que hacían negocio a costa de las más básicas necesidades y derechos del pueblo”.
Por el tono del desplegado, parece que el joven funcionario tiene la conciencia tranquila.
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