La violencia del crimen organizado que enfrenta Sinaloa mantiene sin clases a al menos 2 mil 400 escuelas públicas de educación básica en el estado —de 5 mil 746 en total— y un ausentismo de hasta 80% en las aulas, indican datos de Mexicanos Primero, capítulo Sinaloa.
Además, advierte la organización, existen afectaciones emocionales que perjudican el aprendizaje de los estudiantes y generan pánico en las comunidades escolares.
Desde el 9 de septiembre pasado, casi dos meses después de la captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, los enfrentamientos entre grupos delictivos se han apoderado de los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá, San Ignacio, Navolato y Badiraguato, donde estudian alrededor de 374 mil 405 alumnos de todos los niveles.
“Docentes, niñas, niños y adolescentes —en lugar de estar concentrados justamente en los procesos de aprendizaje— están pensando a qué hora se desata un enfrentamiento, lo que ha desatado daños socioemocionales”, dice Nuria González, directora de Mexicanos Primero Sinaloa.
Señala que en las localidades afectadas por la inseguridad en esa entidad, padres y madres de familia se enfrentan a diario a la disyuntiva de si llevan o no a sus hijos e hijas a la escuela.
“Asumen lo que implica que (los niños) dejen de ir a la escuela, que es la pérdida de aprendizaje justamente, pero ponderan la seguridad de sus hijos e hijos. Y eso también los coloca en un estado de ansiedad y de temor, de miedo.
“De tal manera que nos damos cuenta —y podemos reflexionar justamente— que todos los actores educativos, toda la comunidad educativa se encuentra inmersa en un sentimiento de pánico”, comenta.
Indica que en las aulas ya es común que, al escuchar cualquier estruendo, el o la maestra les pidan a sus estudiantes tirarse al piso para resguardar su integridad física.
Menciona González que la violencia que se enfrenta en gran parte del territorio sinaloense afecta de manera muy importante los aprendizajes de los estudiantes.
INCAPACIDAD ESTATAL
Para Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, el cierre de planteles provocado por la crisis de inseguridad que enfrenta Sinaloa muestra con claridad que las autoridades y los gobiernos federal y estatal no están guiando su actuación institucional en el marco de los derechos de los niños y niñas, expresado en el artículo cuarto constitucional que establece el interés superior de la niñez en toda acción de autoridad.
“Los datos reflejan que las autoridades educativas no tienen la capacidad de garantizar la integridad de vida de niños, niñas y adolescentes, que las comunidades educativas, profesoras, profesores, familias y por supuesto los propios estudiantes no están confiando en los mensajes institucionales y por ello el ausentismo, que no puede ser sustituido con clases virtuales porque hay que recordar que las escuelas tienen un rol muy importante de socialización, de referentes, y ayudan a que niños y niñas puedan reelaborar lo que viven en sus contextos comunitarios o familiares”, comenta.
Desde su óptica, es necesario colocar en el centro a niños y niñas, y desde ahí definir cómo podría ser una estrategia de seguridad basada en un retorno seguro a las escuelas para poder movilizar a los distintos municipios, a las comunidades educativas y a la ciudadanía, porque esta es la mejor forma y no a través de otro tipo de acciones, de las que ya hay evidencia de que no han funcionado.
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