Ante las deportaciones masivas de migrantes implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Juan Carlos Guerrero Anaya, líder de la Fundación para el Bienestar de los Paisanos AC, advirtió que un 80% de la comunidad deportada volverá a buscar el “sueño americano” y cruzará de manera irregular a Estados Unidos como resultado de la poca viabilidad para integrar a los paisanos en la economía formal en México, pues, reconoció, “los sueldos en Estados Unidos son tres, cuatro, cinco veces superiores”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Guerrero Anaya precisó que un 95% de las personas deportadas son hombres menores de 35 años, en plena edad productiva, y originarios principalmente del área del Bajío y de estados como Puebla, Oaxaca y Nayarit.
Agregó que en un porcentaje menor también hay mujeres jóvenes y remarcó que muchos de los mexicanos deportados cuentan con estudios no solamente de preparatoria, sino también de universidad, “pero tienen el interés de buscar mejores alternativas en el exterior”.
Aunado a ello, señaló que, aunque no es un común denominador, de un 3 a 4% de la comunidad deportada son adultos mayores, por lo que lamentó que estas personas sean repatriadas, “pues es una gran tragedia, ya que toda su vida han vivido fuera y dejan toda una vida, una familia de hijos, de nietos en el exterior”.
Con respecto al plan que el gobierno mexicano y el sector empresarial han desplegado para emplear a los repatriados, Guerrero Anaya lo calificó como una “gran labor”, sin embargo, consideró que se debe trabajar en coordinación no sólo desde el gobierno federal y el sector empresarial, sino también desde el sector social para enfrentar la crisis humanitaria que se vive actualmente.
En ese sentido, enfatizó la importancia de incrementar el presupuesto del Instituto Nacional de Migración (Inami) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión a destinar mayores recursos a dichas dependencias, así como a los refugios para migrantes, atendidos principalmente por religiosos o personal de ONG, que, aseguró, también requieren apoyo gubernamental.
“La Comar no tiene ni el personal suficiente, ni el presupuesto suficiente para atender a los miles o decenas de miles de refugiados que requieren su estancia y su documentación para que puedan transitar y trabajar en México, y los estados, principalmente de frontera norte y sur, requieren presupuesto”, dijo.
Finalmente, Guerrero Anaya acusó que “la administración de Donald Trump está buscando pretextos para invadir la privacidad de nuestra comunidad con alguna situación irregular migratoria”, por lo que pidió al gobierno, a las autoridades y a las ONG protestar ante “la grave situación de la violación de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Estados Unidos al tratar de criminalizar a gente la cual no lo es”.
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