En un análisis de las áreas de seguridad del gobierno federal, se advierte que hay “una persistente debilidad institucional en los territorios más violentos” del país, en los que la presencia de las autoridades es “simbólica” o “cooptada”, generando zonas de gobernanza criminal efectiva.
El documento titulado “Puntos de inflexión de los indicadores, eventos y aseguramientos de las dinámicas de narcotráfico”, al que tuvo acceso El Universal, revela que a pesar de la narrativa oficial de desarticulación, las organizaciones delictivas han demostrado una capacidad regenerativa y esto representa un desgaste constante para las instituciones de seguridad, que operan con marcos rígidos frente a estructuras criminales adaptables.
“El crimen organizado actúa como un sustituto del Estado, ofreciendo empleo, seguridad y justicia, particularmente en regiones rurales o fronterizas. Esto erosiona la legitimidad institucional y complica cualquier intento de recuperación del tejido social.
“El crimen organizado en México no es sólo un fenómeno delictivo: es un actor político y económico que desafía la autoridad del Estado. La estrategia de seguridad 2025-2030 acierta en su mirada integral, pero aún no logra articular una respuesta que transforme las condiciones estructurales que permiten la reproducción del crimen. Sin legitimidad institucional, sin justicia local y sin control territorial efectivo, el Estado seguirá administrando la violencia, no resolviéndola”, subraya.
Identifica una reconfiguración en los cárteles, que han demostrado gran adaptabilidad tecnológica y logística, así como cambios significativos en los patrones de narcotráfico. Indica que organizaciones criminales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ya no operan únicamente bajo lógicas de violencia armada o control territorial tradicional, sino que evolucionaron a modelos más flexibles que combinan fragmentación con redes especializadas de producción, trasiego y distribución de drogas.
Además, resalta una diversificación criminal que incluye su incursión en mercados como la minería ilegal, trata de personas y extorsión empresarial.
Es importante destacar que según la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)” 2024, publicada en septiembre pasado por el Inegi, las pérdidas económicas promedio anuales a consecuencia del delito de extorsión fueron de 5 mil 363 pesos por víctima en 2023, casi el doble que un año antes, cuando el monto ascendía a 2 mil 726 pesos.
La encuesta también mostró que la extorsión era el tercer delito más frecuente en 2023, con 15.7% del total, y con una tasa de 5 mil 213 hechos por cada 100 mil habitantes.
www.eluniversal.com.mx
