Un panel de jueces federales impidió el miércoles que el presidente Trump impusiera algunos de sus aranceles más elevados a China y otros socios comerciales de Estados Unidos, al considerar que la ley federal no le otorgaba “autoridad ilimitada” para gravar las importaciones de casi todos los países del mundo.
El fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos representó un revés temprano pero significativo para Trump, socavando su principal influencia mientras busca presionar a otras naciones para que alcancen acuerdos comerciales más beneficiosos para Estados Unidos.
Antes de que Trump asumiera el cargo, ningún presidente había intentado invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley de 1977, para imponer aranceles a otros países. La ley, que se refiere principalmente a embargos y sanciones comerciales, ni siquiera menciona los aranceles.
Pero el Sr. Trump adoptó una interpretación novedosa de sus poderes al anunciar, y luego suspender, la imposición de altos gravámenes a decenas de países en abril. También utilizó la ley para imponer aranceles a productos de Canadá y México a cambio de lo que, según él, era su papel en el envío de fentanilo a Estados Unidos.
El miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional, el principal órgano legal federal que supervisa estos asuntos, determinó que los aranceles de Trump “exceden cualquier autoridad otorgada” al presidente por la ley de poderes de emergencia. Al fallar en casos separados presentados por estados y empresas, un panel bipartidista de tres jueces declaró, en esencia, que muchos, pero no todos, los aranceles de Trump se habían impuesto ilegalmente.
No estaba claro con precisión cuándo ni cómo se detendría la recaudación de aranceles. El fallo otorgó al poder ejecutivo hasta 10 días para completar el proceso burocrático necesario para su eliminación. La administración Trump presentó de inmediato sus planes de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos.
Por ahora, la decisión amenaza con socavar los esfuerzos de la administración por alcanzar acuerdos comerciales a nivel mundial, ya que el presidente está utilizando la posibilidad de aranceles ilimitados —aprobados por su propia iniciativa, sin la aprobación del Congreso— como moneda de cambio en las negociaciones con aproximadamente 18 países. Dichos acuerdos aún se están negociando, y algunos de los principales asesores de Trump habían declarado ante el tribunal en los últimos días que un fallo adverso podría poner en peligro las conversaciones.
El fallo no afecta los aranceles emitidos por la administración Trump bajo autoridades legales separadas, incluidos los gravámenes al acero, al aluminio y a los automóviles, y otros que Trump ha amenazado con imponer a productos farmacéuticos, semiconductores y otros productos críticos.
Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, reprendió duramente al tribunal, diciendo en una declaración que las relaciones comerciales injustas habían “diezmado las comunidades estadounidenses, dejado atrás a nuestros trabajadores y debilitado nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no cuestionó”.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo, y agregó que Trump usaría “todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis”.
Everett Eissenstat, socio del bufete de abogados Squire Patton Boggs, quien se desempeñó como subdirector del Consejo Económico Nacional durante el primer mandato de Trump, dijo que la decisión “afecta dramáticamente la dinámica a corto plazo en torno a la agenda arancelaria y comercial del presidente”.
“La historia está lejos de terminar, pero hoy se marca un capítulo significativo en su evolución”, añadió el Sr. Eissenstat.
Los abogados del Departamento de Justicia habían defendido firmemente la legalidad de la estrategia de Trump, diciéndole repetidamente al Tribunal de Comercio Internacional que no tenía derecho a revisar las acciones del presidente.
Esa postura desconcertó a los jueces en repetidas ocasiones durante semanas de debates. La tensión se repitió el miércoles pasado, cuando una coalición de 12 estados, liderada por Oregón, solicitó al tribunal que emitiera una orden judicial permanente que detuviera los aranceles de Trump.
“El presidente identificó la emergencia y decidió los medios para abordarla”, declaró ante el tribunal Brett Shumate, abogado del Departamento de Justicia. Añadió que el objetivo había sido “convencer a nuestros socios comerciales” y generar influencia política para posibles acuerdos.
“Puede que sea un plan muy elegante, pero tiene que cumplir con el estatuto”, respondió la jueza principal Jane A. Restani, quien fue nominada para el tribunal comercial por el presidente Ronald Reagan.
Al invocar la autoridad de emergencia, el Sr. Trump pretendió imponer los aranceles de inmediato, sin esperar a que el Congreso actuara ni a que el gobierno recopilara los informes o solicitara los comentarios públicos que exigen otras leyes comerciales. Con frecuencia, la administración Trump alegó el gran déficit comercial del país para justificar la imposición de aranceles mediante la autoridad de emergencia.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también advirtió que un fallo judicial contra la administración podría obstaculizar sus esfuerzos para negociar acuerdos comerciales con otros países.
Esos acuerdos siguen siendo difíciles de alcanzar. Trump ha reducido constantemente los aranceles en cooperación con China, al tiempo que ha alcanzado un acuerdo tentativo con el Reino Unido. Sin embargo, la administración está lejos de su objetivo de ratificar “90 acuerdos en 90 días”, como proclamó un asesor de Trump en abril.
La decisión del tribunal, sin embargo, fue una victoria para el grupo de empresas y la coalición de estados que habían demandado a Trump con el argumento de que había excedido la autoridad de su cargo, lo que resultó en una guerra comercial que les había causado grandes pérdidas financieras.
Al comparecer ante el tribunal comercial este mes, empresas como VOS Selections, importadora de vinos y licores, describieron los elevados gravámenes impuestos por Trump a China y otros países como una “toma de poder”, argumentando que la ley de emergencia económica no establece explícitamente que el presidente pueda imponer aranceles. También cuestionaron la justificación de Trump para invocar dicha ley, argumentando que el persistente déficit comercial del país, acumulado durante décadas, no constituye una emergencia.
Jeffrey Schwab, asesor principal del Liberty Justice Center, que representó a las empresas demandantes, declaró ante el tribunal que la postura del Sr. Trump, en esencia, le permitiría “imponer aranceles a cualquier país, en cualquier momento y a cualquier precio, simplemente declarando una emergencia nacional”. La organización sin fines de lucro tiene vínculos previos con Richard Uihlein, industrial de Illinois y megadonante republicano.
Los funcionarios estatales también argumentaron que nada en el déficit comercial estadounidense justificaba que Trump invocara la ley de poderes de emergencia. Brian Marshall, abogado del Departamento de Justicia de Oregón, declaró ante el tribunal que, de todos modos, el presidente había intentado usar la ley indebidamente como forma de presión.
Ted Murphy, abogado comercial de Sidley Austin, dijo que el fallo fue un golpe a la agenda comercial del presidente, pero “no la última palabra”.
Además de una apelación, dijo, es probable que el gobierno solicite una suspensión de emergencia del fallo del tribunal y podría empezar a aplicar tarifas alternativas bajo las autoridades legales más convencionales. “En resumen, esta historia no ha terminado”, dijo el Sr. Murphy.
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