La baja asistencia y el desinterés generalizado en la primera elección judicial del país confirman que no nació de una exigencia social, sino de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en las instituciones y que permea en la inversión y confianza como país, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
El INE informó anoche que la participación en la elección en la que se eligieron jueces, magistrados y ministros fue del 13%, según cálculos estadísticos.
En el caso de la votación para ministros y ministras de la Suprema Corte, a las 18:00 horas de este lunes y con el 76.5% de las actas computadas, la participación ciudadana era del 11.7%.
“Con una primera estimación oficial de cerca de 13% de participación y 62% del PREP avanzado, la elección judicial de ayer sería la menos
participada de la historia moderna”, expuso en un reporte el área de análisis económico del grupo financiero Banamex.
Coparmex afirmó que se trató de un proceso que no atiende las verdaderas necesidades del sistema de justicia ni garantiza el fortalecimiento institucional que México requiere.
“Nuestra posición es clara: Esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo para futuros procesos electorales”, sostuvo en un comunicado anoche.
La cúpula patronal agregó que esta elección judicial no debe sentar precedentes para justificar recortes presupuestales, reducir
el número de casillas “que solo debilitaron la logística electoral” o exigir a las autoridades electorales la organización de una elección con poco tiempo.
La Coparmex aseguró que las condiciones observadas en la jornada electoral atentan contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales.
Apuntó que sus observadores electorales dieron cuenta de irregularidades que “comprometen seriamente la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad”.
“A lo largo de la jornada generamos más de mil reportes y documentamos una baja participación ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas y hasta compra de
votos en algunos municipios”, aseveró.
“En diversas casillas se reportó el uso de ‘acordeones’ y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado”, agregó.
Señaló que los próximos días seguirá sistematizando los hallazgos exhibidos y dará seguimiento al cómputo distrital, a fin de identificar y denunciar cualquier anomalía adicional que pudiera surgir.
Sostuvo que cada vez más empresas transnacionales optan por recurrir a tribunales internacionales para resolver sus controversias, abandonando la jurisdicción mexicana ante la falta de confianza en la justicia local.
Manifestó que el impacto más severo lo enfrentarán las micro, pequeñas y medianas empresas, que quedarían desprotegidas frente a un sistema judicial politizado o ineficiente.
Añadió que trabajará en una propuesta de reforma judicial construida con base en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y la participación de expertos, organizaciones sociales y actores del sector productivo.
