En el marco de los 16 años de conmemoración del incendio de la Guardería ABC, familiares de menores sobrevivientes realizaron una protesta por fuera del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) para exigir que se cumpla con las atenciones médicas que requieren decenas de adolescentes.
Fabiola Domínguez, madre de Laura Fernanda Bustamante, una de las sobrevivientes, señaló que a más de una década del hecho, muchos de los jóvenes siguen sin ser reconocidos oficialmente como víctimas, a pesar de contar con daños físicos y pulmonares derivados del incendio.
“Fueron 82 jóvenes con afectaciones pulmonares. Tuvieron quemaduras externas que no fueron atendidas debidamente en su momento”, declaró.
Debido a que la mayoría de los adolescentes no fueron reconocidos porque las secuelas no eran visibles al inicio, cuentan con dictámenes médicos expedidos por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), similares a los usados para determinar las lesiones de los niños fallecidos o de quienes sí fueron reconocidos oficialmente.
Lamentó que han tenido que recurrir a demandas legales para exigir el reconocimiento como es el juicio en la Procuraduría Administrativa, pero no han tenido las resoluciones esperadas.
El temor de las familias es que con el paso del tiempo las secuelas puedan agravarse sin que haya un respaldo legal para su atención. “Si en un futuro ellos presentan secuelas como fibrosis pulmonar, el IMSS va a decir que ya pasó mucho tiempo, que fue por otra causa, y se deslindará”, expresó.
“La diferencia es que con lo legal, tienes un dictamen, se te reconoce como tal, no lo tienes, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en un futuro, si ellos tienen una afectación más grande, una secuela más grande, el IMSS va a decir, ya pasó el incendio hace muchos años y yo no te lo ocasioné, te lo ocasionó el smog, lo que ustedes quieran, menos el incendio”, profundizó.
El llamado directo fue al director del IMSS, Zoé Robledo, a quien señalan por haber prometido en 2018 descentralizar el CAICE y agilizar los trámites, pero acusan que el proceso ha sido obstaculizado.
Actualmente hay alrededor de 62 adolescentes sobrevivientes agrupados en el colectivo “Salud y Justicia”, perteneciente a la organización Manos Unidas, que buscan visibilizar sus demandas y mantener viva la memoria de lo ocurrido el 5 de junio de 2009.
