Sergio Arturo Ramírez Muñoz, abogado afiliado a Morena y señalado como cercano a políticos de la 4T, presentó una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que exista en su contra y cualquier mandato de cateo a su domicilio.
Según la lista de acuerdos, el amparo lo presentó el pasado 29 de mayo y fue turnado a José Elías Pacheco Martínez, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, quien le negó la suspensión provisional, aunque no publicó el contenido del fallo.
Ramírez es un abogado penalista afiliado al Partido Morena que fue registrado como suplente del entonces diputado Sergio Mayer, en la fórmula con la que buscó en 2021 su reelección por el distrito electoral federal 6, en la Ciudad de México, sin embargo, perdieron la elección.
Desde el sexenio pasado, empezó a litigar asuntos de alto perfil como el de Rosario Robles, al que renunció en 2021, y litigios de delincuencia organizada.
En algunos de estos asuntos fue socio de Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla, asesores en México de Ismael “El Mayo” Zambada, capo del Cártel de Sinaloa; y abogados defensores de Miguel Ángel Treviño Morales “El 40” y su hermano Omar “El 42”, líderes de Los Zetas.
Ramírez, su esposa María Elena Guerra Hudec y su socio en el despacho jurídico, Jorge Alberto Cuadra Cruz, fueron citados a una audiencia inicial que fue agendada para el 19 de mayo, vía videoconferencia, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, para ser imputados por lavado de dinero.
Ese día, sin embargo, Ramírez y su esposa no comparecieron porque él fue internado esa mañana en el Hospital Ángeles Pedregal, por afecciones cardíacas, y su esposa también tenía programado un ultrasonido por sus dolencias del embarazo, motivo por el que los médicos le recomendaron un descanso absoluto de 7 días.
Debido a que ninguno de los dos tenía completa la carpeta de investigación, el juez de control Arturo Medel Casquera acordó en aquella ocasión diferir hasta nuevo aviso la fecha de la audiencia de imputación.
Según informes gubernamentales, la imputación que la FGR le pretende formular en su contra tiene su origen en una denuncia anónima del 1 de julio de 2019 que lo señala de presuntamente blanquear activos de Roberto Moyado Esparza “El Betito”, líder de La Unión Tepito, quien era su cliente.
www.reforma.com
