Con el objetivo de promover la arquitectura sustentable al establecer los parámetros necesarios para que la construcción de todo edificio habitacional considere los efectos ecológicos, atendiendo las prácticas que protejan el medio ambiente en el diseño, construcción, uso, mantenimiento, rehabilitación, demolición y reciclaje, las diputadas Iraís Virginia Reyes de la Torre y Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC) proponen reformar la Ley de Vivienda.
Asimismo, se conserva lo establecido en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley de Vivienda, en cuanto al impulso del uso de energías renovables, y se adiciona la construcción de sistemas de autoabastecimiento basados en nuevas ecotecnologías pertinentes para la construcción de vivienda en las distintas regiones bioclimáticas del país.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Vivienda, señala que la reforma contribuirá de manera significativa a la reducción del consumo total de energía eléctrica, tendrá un impacto positivo en la reducción global de 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y potenciará el aprovechamiento de hasta 136 millones de toneladas de cascajo de construcción y demolición.
Refiere que en la actualidad, más del 55 por ciento de la población mundial reside en zonas urbanas, y las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas estima que para el año 2050 esta cifra llegará a dos tercios de la humanidad, por lo que para lograr un desarrollo sostenible, es fundamental transformar la forma en que se construye y administran los espacios urbanos.
Las diputadas consideran que mejorar la sostenibilidad de las ciudades y comunidades debe enfocarse en asegurar el acceso a edificios seguros y factibles de construir, lo que conlleva una mejor planificación y gestión urbana.
También resaltan la necesidad de reducir el impacto ambiental negativo por cada individuo en las ciudades, con una atención especial a la calidad del aire y la gestión de los residuos, así como el incremento de ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen políticas y planes integrados para fomentar el uso eficiente de los recursos.
Subrayan que en México se requiere de un marco legal nacional que regule las edificaciones sustentables, así como un sistema de calificación adecuado para los sistemas constructivos regionales.
Concluyeron que esta iniciativa “se concibe como un producto legislativo inicial que pueda aportar globalmente en los procesos de disminución del consumo total de energía eléctrica”. Esto cobra relevancia si se considera que en 2008 se estimaba que el funcionamiento de todos los edificios del mundo representaba el 65.2 por ciento del consumo global de energía eléctrica, contribuyendo de manera significativa al calentamiento global.
