En los últimos meses el Gobierno federal endureció sus acciones y decomisos de huachicol y huachigas en el país.
En sus operativos ha realizado detenciones, asegurado mega bodegas, pipas, buques de combustible ilegal y, ahora, también suspenderá a gasolineras y estaciones de gas “ante la menor sospecha” de que vendan combustible ilegal.
Para ello aprovechará el artículo 79 de la nueva Ley de Hidrocarburos, que entró en vigor el pasado 18 de marzo, la cual permite suspender permisos “de manera inmediata”, sin previa audiencia o aportación de pruebas de descargo. “La suspensión surte efectos de manera inmediata y hasta en tanto no se desvirtúen las causas que dan origen a la medida cautelar impuesta”, establece el nuevo artículo.
La nueva legislación incluye también nuevas causas de suspensión, como problemas con el SAT y la revocación de permisos por “seguridad nacional” o “seguridad energética”.
Incluso por irregularidades en los reportes mensuales de controles volumétricos, con equipos y programas que determine el Gobierno. Se trata de prácticas que son aún más agresivas que las aprobadas en 2021 durante el Gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la Secretaría de Energía (Sener) y la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), pueden aplicar la suspensión sin audiencia previa. En 2021, la reforma impulsada por AMLO contemplaba suspender los permisos, pero con audiencia previa y presentación de pruebas de defensa de la firma afectada. La nueva norma hará más difícil que las empresas puedan seguir operando mediante amparos, pues cuando acudan a los tribunales la clausura ya estará en vigor, mientras que la Sener o la CNE tienen hasta 15 días desde que imponen la suspensión para iniciar el procedimiento administrativo contra la empresa. La nueva ley, por ejemplo, permite revocar permisos a empresas que tengan problemas con el SAT, como créditos fiscales, no ser localizables en su domicilio fiscal, sospechas de factureo, o suspensión del sello digital, entre otros. Además, se prevé la revocación del permiso “cuando, por causas imputables a la permisionaria, se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
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