La censura a periodistas, organizaciones sociales e incluso a ciudadanos en general, continúa al alza en nuestro país.
En México hay Congresos locales, como el de Puebla, que ya avalaron la llamada Ley Censura; además, en el Congreso de la Unión están en debate al menos tres normas federales que otorgan facultades al Estado mexicano para el espionaje, para bloquear información en plataformas digitales y hasta para “bajar” y “castigar” los contenidos “incómodos” para los gobiernos.
A ello se suma la persecución judicial contra periodistas, pues en lo que va del año se contabiliza una demanda cada tres semanas, en especial contra comunicadores que investigan casos de corrupción, crimen organizado o abusos de poder, lo que para los expertos “refleja una preocupante tendencia a utilizar el sistema legal como herramienta para silenciar a la prensa y limitar la libertad de expresión”.
Por lo anterior, los especialistas también advierten sobre el riesgo de que la Ley Censura se replique en otros estados de la República “transgrediendo los derechos humanos y la libertad de expresión”.
Otro elemento adverso para la labor periodística es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), encargado de responder solicitudes de información y que, principalmente, era utilizado por ciudadanos y periodistas.
Para Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, “el panorama hacia adelante es poco halagüeño”.
“El incremento de reformas tenientes a la censura y la captura del Poder Judicial en manos de Morena entraña un peligro, precisamente porque se nos va a privar de la posibilidad de defendernos tanto de estas leyes como de las demandas ante la Suprema Corte o en los juzgados de Distrito o en los tribunales Colegiados, es decir, de impugnar estas leyes o recursos por diferentes medios de defensa”, declaró en entrevista.
TRES AÑOS DE CÁRCEL POR OFENSAS, INSULTOS E INJURIAS
Entre las legislaciones más criticadas en la materia destaca la denominada Ley Censura en Puebla, que castiga con tres años de cárcel y multas de hasta 40 mil pesos los insultos, injurias, ofensas, agravios y vejaciones en redes sociales, por considerar que los comentarios en redes menoscabaron su integridad física o emocional.
La reforma, oficialmente denominada Ley de Ciberseguridad, fue publicada el pasado 13 de junio y modifica el Código Penal de Puebla para tipificar y sancionar el delito de “ciberasedio”.
En el Senado está a discusión una nueva Ley de Telecomunicaciones, que entre otras cosas permitiría al gobierno bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin control u orden judicial.
En la Cámara de Diputados está a debate una iniciativa para crear la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre otras cosas prevé la creación de un “registro nacional de usuarios de telefonía móvil”, que dará acceso total a las instituciones de seguridad pública para intervenir comunicaciones, bajo el argumento de poder “obtener datos de prueba”, a fin de combatir delitos como extorsión y secuestro.
Adicionalmente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene en la mesa una iniciativa para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia, que plantea legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército.
Lo anterior permitirá a las Fuerzas Armadas intervenir llamadas telefónicas y otras comunicaciones, bajo el argumento de “procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional”, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones.
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