POSICIONAMIENTO
El poder no puede censurar la verdad.
En México se está consolidando una peligrosa tendencia: el uso de mecanismos legales para silenciar la crítica y castigar la libertad de expresión. En las últimas semanas, periodistas y ciudadanos han sido víctimas de decisiones judiciales desproporcionadas, con consecuencias que van más allá del ámbito jurídico: atentan directamente contra el derecho a informar, a opinar y a disentir.
El caso de Jesús Castañeda, periodista en Acapulco y director de Acapulco Trends, es paradigmático. Por publicar investigaciones sobre posibles desvíos de fondos públicos en el gobierno municipal, fue acusado de violencia política de género por la alcaldesa de Morena, Abelina López. La sanción no sólo ordena el retiro de los contenidos, sino también la publicación de disculpas durante 15 días consecutivos, la difusión del fallo judicial y una multa económica, todo ello sin que hubiera sido notificado formalmente ni se le brindara oportunidad de una defensa justa.
En la Ciudad de México, el periodista Héctor de Mauleón fue obligado a eliminar una columna crítica del portal de El Universal, además de ser inscrito por tres años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género. Se utilizó una figura legal originalmente concebida para sancionar agresiones políticas contra mujeres, ahora aplicada para censurar la opinión de un columnista.
En Campeche, el periodista Jorge Luis González Valdez, jubilado, fue vinculado a proceso penal y sometido a medidas que rayan en lo kafkiano: un censor judicial debe revisar toda declaración pública suya y el medio Tribuna, del que fue director, debe pedir autorización para mencionar a la gobernadora Layda Sansores.
Y esta persecución no se limita al gremio periodístico. En Hermosillo, Sonora, la ciudadana Karla Estrella fue sancionada por publicaciones críticas contra una diputada local. Se le impuso una multa, la obligación de emitir disculpas públicas durante 30 días y tomar cursos de reeducación en género. En sus disculpas, la ley le prohibió mencionar a la diputada por nombre, debiendo referirse a ella como “dato protegido”.
Estos casos no son excepcionales. Son parte de una estrategia que aprovecha vacíos legales, interpreta de forma arbitraria conceptos como “violencia política” y “odio político” y, con ello, convierte los derechos de las mujeres y las leyes electorales en pretextos para censurar y castigar.
Desde el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. afirmamos categóricamente:
la crítica no es violencia, el periodismo no es un delito y opinar no debe ser castigado.
Nos preocupa que en el México del siglo XXI, el ejercicio de derechos fundamentales sea considerado un acto punible si incomoda al poder. Que los tribunales y órganos administrativos operen como extensiones políticas para castigar a quienes exponen abusos, omisiones o corrupción.
Por ello, exigimos al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y municipales, así como a los poderes legislativos y judiciales:
1. Que se garantice de forma irrestricta la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la participación ciudadana en la vida pública.
2. Que se revisen y, en su caso, se revoquen las sanciones impuestas a los periodistas Jesús Castañeda, Héctor de Mauleón, Jorge Luis González Valdez y la ciudadana Karla Estrella.
3. Que se ponga fin al uso instrumental de la ley para silenciar voces críticas y que se establezcan salvaguardas constitucionales para proteger la libertad de prensa y de opinión.
El periodismo no puede ni debe vivir bajo amenaza. Las leyes deben ser escudo, no garrote. El Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger y promover la libre expresión como piedra angular de cualquier democracia.
Callar al periodismo es callar a la sociedad. Y la sociedad no debe, ni puede, guardar silencio.
Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
Julio de 2025
A T E N T A M E N T E
L.P. Rafael Cano Franco
Presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C
