La agencia ejecutiva de la Comisión Europea que agrupa las actividades del Consejo Europeo de Innovación y los programas relacionados con las pequeñas y medianas empresas (EISMEA), afirma que la reforma judicial exacerba los problemas que ya enfrentaban los inversionistas en México por falta de aplicación de la ley, lagunas normativas, retrasos administrativos y la piratería.
El análisis sobre el panorama de la propiedad intelectual en México en 2025 señala que el marco jurídico e institucional actual es resultado de un periodo de profunda modernización. Detalla que las reformas han sido impulsadas por compromisos internacionales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por iniciativas nacionales, particularmente, las reformas promovidas por las relaciones con el exterior han elevado los estándares de protección y creados marcos legales comparables a los de las economías avanzadas.
“Sin embargo, las persistentes lagunas normativas, en particular debido a la ausencia de reglamentos de aplicación y directrices claras, añade incertidumbre jurídica que puede complicar la toma de decisiones y la planificación de inversiones, especialmente para quienes desean introducir nuevos productos, tecnologías o modelos de negocio”, advierte.
La reforma judicial añade una preocupación adicional, por las consecuencias que podría tener para la supervisión constitucional, tanto de las normas jurídicas como de las resoluciones judiciales. “Para las Pymes y los posibles inversores europeos, es fundamental comprender que, aunque México ofrece un mercado amplio y dinámico, siguen existiendo riesgos asociados al cumplimiento de los derechos, los plazos de respuesta administrativa y la falta de previsibilidad judicial, esta última agravada ahora por las recientes reformas del Poder Judicial”, dice.
“La incertidumbre jurídica en torno a la interpretación y aplicación de la ley puede afectar tanto al registro como a la defensa de los activos intangibles (…) La reciente pérdida de autonomía de los organismos reguladores aumenta el riesgo de que las decisiones se vean más influidas por factores políticos que por criterios técnicos”, precisa.
Ante estas preocupaciones, recomienda a las firmas que consideran expandirse, iniciar operaciones o exportar a México, realizar un análisis de riesgos exhaustivo que tome en consideración los cambios legales, las capacidades reales de protección y los estándares de aplicación de los derechos de propiedad intelectual.
PERSISTEN ADVERSIDADES
El documento elaborado por Karla Loranca, de la unidad para América Latina de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes, constituye un análisis crítico en el que se hace hincapié en los desafíos y las controversias que puedan afectar negativamente la innovación y la protección de los activos intangibles en México.
Examina la última versión de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, la reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor de 2020, el combate a la piratería, los desafíos que involucran a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Mexicano de Protección Industrial (IMPI), los derechos de protección intelectual sobre inteligencia artificial y las políticas causantes de la escasez de medicamentos.
Expone que la actualización de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial fue con el fin de armonizar la legislación con las normas de actualidad y los compromisos internacionales. Entre sus principales innovaciones destaca la introducción de nuevas formas de protección, como las indicaciones geográficas, cambios en el sistema de marcas no tradicionales y nuevos mecanismos para garantizar la aplicación efectiva de los derechos sobre una invención. “No obstante, este 2025 aún no se ha publicado el tan necesario reglamento general de la ley, y el retraso afecta muchos procedimientos: plazos, procesos en línea, aclaraciones sobre prórrogas temporales y mecanismos de defensa administrativa.
El resultado: los titulares de derechos carecen de seguridad jurídica, así como de una interpretación uniforme de la normativa por parte de las autoridades responsables.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Al revisar las modificaciones de 2020 a la Ley Federal de Derechos de Autor, el documento resalta su carácter controversial, particularmente posibles efectos negativos en la libertad de expresión, “una cuestión que se ha visto agravada por la reforma a la Ley de Telecomunicaciones”. En el ámbito de la lucha contra la piratería, el análisis señala que, a pesar de obligaciones internacionales asumidas en el ámbito, los problemas persisten.
“México sigue estando clasificado como uno de los países con las tasas más altas de violación de los derechos de autor en el mundo, especialmente en los sectores audiovisual, literario y de software”, apunta.
Son tres los principales desafíos enumerados en el reporte: falta de capacidad, recursos, y voluntad para llevar a cabo investigaciones y procedimientos judiciales eficaces contra la piratería digital y física; la cooperación es limitada entre las autoridades aduaneras, fiscales y policiales, y la ausencia de estadísticas públicas sobre sentencias y decomisos, que dificulta el seguimiento y la evaluación de políticas.
En cuanto a los retos relacionados con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puntualiza que su falta de capacidad para llevar a cabo investigaciones de campo y acciones coordinadas con las autoridades de seguridad pública, “afectan negativamente la imagen de México como destino seguro para la inversión en sectores intensivos en conocimiento o basados en la tecnología”.
EFECTO ADVERSO
Contrario a lo anticipado, la reforma a la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial que se hizo para estar al día con el T-MEC, ha tenido un efecto adverso al interés nacional, al restringir las importaciones paralelas de productos protegidos por patentes. De acuerdo con el análisis, la falta de flexibilidad ha restringido la importación por parte de terceros de productos adquiridos en otros mercados, lo cual ha afectado la competencia, aumentado los precios de determinados artículos y dificultado el acceso a opciones más asequibles.
Los impactos de esta política se ven reflejados en sectores como el de los medicamentos, en crisis de desabasto desde 2019 y agravada “por la aplicación de nuevas políticas que, oficialmente, tenían como objetivo combatir la corrupción, así como por los cambios en el modelo de contratación pública.
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