CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), tras ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides y ser excluido del sistema financiero estadounidense.
En su escrito de 37 páginas, el banco mexicano argumentó que la orden emitida por FinCEN equivale a “la pena de muerte” institucional, al prohibir cualquier transferencia de fondos entre CIBanco y entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025.
La institución mexicana señaló que esta medida fue tomada sin previo aviso ni oportunidad de defensa.
“CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, sostuvo el banco en su queja, en la que también acusó que la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos y la cláusula de debido proceso de la Constitución estadounidense.
De acuerdo con la demanda, la decisión del Tesoro pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses que son administrados por CIBanco a través de fideicomisos, incluidos fondos de pensiones, inversiones y propiedades de ciudadanos y empresas de ese país.
El banco advirtió que ya perdió a todos sus corresponsales en Estados Unidos, lo que ha paralizado operaciones de cambio y transferencias internacionales que representaban más de la mitad de sus ingresos.
De igual forma, Visa también canceló su contrato con CIBanco, dejando inutilizadas alrededor de 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por la institución.
La querella sostiene que las acusaciones de FinCEN se basan en supuestas operaciones con empresas de México y China, pero sin nombres, fechas o detalles que permitan verificar la información.
“CIBanco ha buscado desesperadamente identificar a qué clientes y transacciones se refiere FinCEN, pero es como buscar agujas en campos de heno
El banco advirtió que la medida amenaza con su liquidación inminente y con la pérdida de empleos para más de tres mil trabajadores. Además, alertó que el traslado forzoso de su división fiduciaria, valorada en 400 millones de dólares, podría generar afectaciones para beneficiarios en Estados Unidos y México.
En su petición, CIBanco solicitó a la Corte que suspenda y anule la orden del Tesoro por considerarla arbitraria y desproporcionada.
Fue a finales de junio cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa estarían implicadas en presuntos delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
El organismo estadounidense afirmó que dichas instituciones financieras facilitaron operaciones financieras relacionadas y otros esquemas ilícitos para grupos delictivos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Golfo.
Ante ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones, que consiste en la sustitución de sus directivos y representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes.
