El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó este jueves una multa por 55.2 millones de pesos que su propia Comisión de Fiscalización había propuesto contra el partido Morena.
La sanción estaba relacionada con la omisión de recuperar saldos millonarios de contratos para la compra y remodelación de inmuebles que datan de 2019.
El caso tiene que ver con contratos irregulares aprobados por Yeidckol Polevnsky, a quien se señaló por ordenar el pago de 395 millones de pesos a dos empresas por obras de remodelación y mantenimiento que nunca se realizaron, justo antes de dejar la dirigencia de Morena en 2019.
Durante la sesión extraordinaria del jueves, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, fue la encargada de presentar el proyecto para multar a Morena.
Explicó que, tras un litigio, Morena celebró un “convenio judicial” con los proveedorespara recuperar parte de los anticipos otorgados en 2019. Sin embargo, del acuerdo resultó “un faltante no comprobado, ni recuperado por parte del Partido Político”.
Aunque este tipo de faltas suelen castigarse con el 100% del monto involucrado, la Comisión propuso una multa del 50%, equivalente a poco más de 55 millones de pesos. Humphrey argumentó que la sanción debía ser menor porque el partido demostró voluntad de resolver el asunto.
“Si bien es cierto que este tipo de faltas han sido sancionadas ordinariamente por este Consejo General con el 100% del monto involucrado, también lo es que, en este caso, Morena realizó diversas acciones tendentes a recuperar el pago anticipado a proveedores, lo que denota su voluntad de cumplir con las normas en materia de fiscalización”.
Por su parte, la representación de Morena, a través de Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, rechazó la sanción, calificándola de “ilegal e improcedente”. Argumentó que el partido actuó de manera “diligente y responsable” al iniciar un litigio para defender su patrimonio.
“Sancionar a Morena sentaría un precedente peligroso, desintegraría a los partidos políticos a defender sus recursos por la vía legal, por temor a que los costos de litigio o los acuerdos transaccionales sean, paradójicamente, sancionados por esta autoridad”.
El debate dividió a los consejeros. Arturo Castillo apoyó la multa. Sin embargo, la consejera Dania Ravel introdujo el argumento que finalmente cambiaría el rumbo de la votación.
Ella sostuvo que el caso encuadraba en una de las “excepciones legales” del Reglamento de Fiscalización, que contempla la existencia de un litigio o un convenio para justificar saldos pendientes. Para Ravel, un convenio judicial tiene “esa misma valía” y, por lo tanto, la acusación debía ser declarada infundada.
Al momento de la votación, la propuesta original de sancionar a Morena fue rechazada por 6 votos en contra y 5 a favor.
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de la consejera Ravel para declarar el procedimiento infundado y, por ende, eliminar la multa
