Las empresas en México necesitan mejorar el manejo de los datos personales y verificar que sea real la información que proporcionan quienes solicitan crédito, coincidieron expertos.
De continuar con la omisión de los procesos de verificación de datos, las personas y familias seguirán siendo acosadas y perseguidas por empresas de cobranza que insisten en cobrarles préstamos que no tomaron.
Cuando una empresa otorga crédito queda obligada a cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y aunque esta regulación se creó para proteger la información de los individuos, es común que ese contenido sensible termine en empresas de cobranza.
Si eso sucede, quienes cuentan con telefonía fija (con la que generalmente no es posible bloquear números) quedan expuestos a múltiples e interminables llamadas de personal de cobranza que no cesará en su labor, aunque los afectados expliquen de todas las formas posibles, que ellos no son los deudores.
Consultado, Carlos Díaz Sobrino, socio del despacho de asesoría legal Bello, Gallardo, Bonequi y García (bgbg) y especialista en protección de datos personales, comentó que históricamente han existido muchas vulneraciones a las bases de datos del sistema financiero, lo que ha originado que los datos sean utilizados para fines distintos a los que fueron recabados.
Mencionó que las empresas no suelen cumplir con toda la ley y muchas veces es hasta que se inicia una investigación y verificación por alguna reclamación de los usuarios, cuando conocen todas sus obligaciones
Destacó que las empresas deben asumir la ley de forma automática y sin que exista una verificación por parte de la autoridad.
En tanto, los afectados pueden hacer valer los derechos que la regulación otorga y si las empresas no los respetan pueden iniciar una reclamación ante la Dirección de Datos Personales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“La principal recomendación es ejercer derechos de acceso frente a las personas que obtuvieron nuestros datos y de quienes consideramos que los están usando de forma excesiva o incorrecta”, sugirió Díaz Sobrino.
“A partir de ahí, agregó el especialista, es necesario verificar los usos y finalidades que las empresas dieron a nuestros datos, y si no estamos conformes, solicitar formalmente a dichas empresas que no se usen”, agregó.
Indicó que el proceso queda establecido en los propios avisos de privacidad de las empresas. Incluso, la protección de los datos personales se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho humano fundamental.
Ese derecho incluye, a su vez, el acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (Derechos ARCO), que debe solicitarse al responsable del tratamiento de los datos personales.
Vicio de origen de muchos lustros
Por su parte, Marco Carrera Santa Cruz, ex director de estudios de mercado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), comentó que la cobranza indebida es un problema que las familias vivieron hace varios lustros.
“Lamentablemente es un vicio de origen de hace ya muchos lustros, y ojalá el sector financiero como tal cuidara esos usos y costumbres de tal forma que si van a traer más clientes verifiquen los datos”, comentó.
“Las empresas financieras con tal de vender, primero se ocupan en recabar los teléfonos sin verificar que correspondan y después buscan a la persona para estar cobrando a pesar de que no sea el número correcto”, mencionó.
Sostuvo que es incómodo que las personas ajenas a créditos vencidos reciban las llamadas de empresas de cobranza, por lo que sería adecuada “mayor sensibilidad” por parte del sistema financiero para rectificar esas prácticas.
“La pesadilla prevalece y va en contra de la inclusión financiera porque la gente ve más el fastidio del servicio financiero que las bondades que sí puede ofrecer”, agregó.
REUS y Repep, con otro fin
El Registro Público de Usuarios que no desean información publicitaria de productos y servicios financieros (REUS), que ofrecía la Condusef, se diseñó para evitar que las personas sean contactadas para fines mercadológicos. Lo mismo sucede con el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Este diario intentó registrarse en el sitio electrónico del REUS, pero la página fue redireccionada al buscador de trámites federales y programas sociales, donde la única opción relacionada fue “Baja del REUS para personas físicas”. El Repep, por su parte, funciona con normalidad.
“Por el lado de los reguladores financieros no hay mucho margen de maniobra porque han quedado muy limitados en su ámbito de acción. Como una responsabilidad social de las entidades financieras sería idóneo y sería una premisa de negocio, hacer esa labor de atender y cuidar más al usuario”, concluyó Marco Carrera.
En tanto, Carlos Díaz dijo que tanto el REUS como el Repep no han sido eficientes, ya que las empresas no suelen consultarlos de forma automática.
Agregó que el uso de inteligencia artificial facilita las labores de ingeniería social que las empresas utilizan para contactar a los usuarios, como el envío de formularios de forma automática o de correos que se usan para obtener más información de una base de datos que sólo contiene nombre y teléfono.
