Pese a que las mujeres jornaleras sostienen la seguridad alimentaria del país, persiste la precariedad y violación a sus derechos laborales, advierte el nuevo informe de política pública “Sembrando el cambio: Hacia un futuro justo para las trabajadoras agrícolas en México”, elaborado por UNIDAS, la alianza de Oxfam México, Ethos Innovación en Políticas Públicas, ProDESC y Fundación Avina.
Dicho informe revela que el 86.6% de las trabajadoras agrícolas no cuenta con seguridad social y que las empresas recurren a prácticas ilegales como entregar “pases” médicos en caso de accidentes laborales para evitar su afiliación al seguro social.
Además, el informe documenta que alrededor del 90% de las mujeres trabajadoras agrícolas carece de contrato escrito, lo que constituye una violación directa a la Ley Federal del Trabajo y provoca que no se pueda garantizar el ejercicio de derechos laborales como vacaciones, aguinaldo o seguridad social, mientras que personas empleadoras abusan de la figura de intermediarios para evadir responsabilidades.
El Estado, por su parte, mantiene una ambigüedad institucional sobre qué nivel de gobierno debe vigilar estas contrataciones, generando un vacío que perpetúa la impunidad.
Autoridades no vigilan
Por ley todas las personas trabajadoras, agrícolas o jornaleras deben estar afiliadas al IMSS. Sin embargo, la investigación de UNIDAS apunta a que las empresas agrícolas utilizan mecanismos corruptos y fraudulentos a fin de evitar el registro formal de sus trabajadoras y optando por generar “pases” (se proporciona atención médica eventual sin generar derechos) en caso de accidentes laborales, lo que imposibilita el acceso a una pensión.
De acuerdo con los datos del informe, la proporción de accidentes de trabajo reportados al IMSS de jornaleras agrícolas pasó del 6% en 2000 al 35% en 2024.
Asimismo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las personas trabajadoras del sector agrícola están expuestas a mayores accidentes laborales que ponen en riesgo su vida debido a la exposición a plaguicidas, los golpes de calor o la deshidratación.
El organismo estima que, a nivel global, 270 mil personas jornaleras agrícolas mueren al año por accidentes laborales.
A la falta de contratos formales, seguridad social y protocolos contra riesgos en el trabajo, se suma la doble carga de cuidados. En la última década, se redujeron las “guarderías de campo” del IMSS un 50%, pasando de 13 en 2012 a 6 para 2024, además de un recorte presupuestal del 37% para este servicio, lo que obliga a las jornaleras agrícolas a vivir una sobrecarga de cuidados, a abandonar sus empleos o incluso a llevar a sus hijos e hijas a sus centros de trabajo, lo que aumenta el riesgo de accidentes, propicia el trabajo infantil y agudiza el rezago y la deserción escolar.
El incumplimiento de los derechos laborales establecidos por la ley se facilita por la inacción gubernamental, puesto que existe una ambigüedad institucional respecto al nivel de gobierno que debe supervisar dicho cumplimiento.
A lo anterior se suma la falta de inspectores federales, únicamente 660 inspectores deben supervisar más de 456 mil centros de trabajo registrados en todo el país, lo que agrava el problema y dificulta la capacidad del estado de proteger y garantizar derechos humanos y trabajo digno.
Urge garantizar derechos laborales
Como presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió a que el Sistema Nacional de Cuidados priorizaría a las mujeres del campo. Posteriormente, en su propuesta de gobierno, anunció la creación de centros de cuidado infantil para hijas e hijos de personas jornaleras agrícolas y en diciembre de 2024 presentó un programa integral de apoyo en Sinaloa, reconociendo la necesidad de formalizar el empleo agrícola. Lo anterior demuestra el reconocimiento del gobierno actual sobre la situación precaria que atraviesan las mujeres jornaleras.
Si bien estos compromisos representan avances en el discurso, el contraste con la realidad documentada es evidente: la falta de contratos, seguridad social, inspección laboral y servicios de cuidados sigue siendo la norma para las mujeres en el campo mexicano.
Es por ello que el informe de política pública “Sembrando el cambio: Hacia un futuro justo para las trabajadoras agrícolas en México” propone que: se garantice el cumplimiento de la ley mediante una vigilancia efectiva y transparente que fortalezca la inspección con perspectiva de género.
Asimismo, que se asegure la afiliación real al IMSS de las trabajadoras y se erradiquen los mecanismos informales de acceso a la salud (“pases”); se amplíen y adapten los servicios de guardería para las familias agrícolas; y se implementen protocolos contra la violencia y discriminación de las mujeres trabajadoras agrícolas.
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