Con el rechazo de la oposición, Morena y sus aliados empujaron anoche en lo general, con 76 votos a favor y 39 en contra, la polémica reforma a la Ley de Amparo que impulsó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Después de que apurara un par de audiencias públicas, para zanjar críticas por la premura con que conducía el proceso, Morena consumó en fast track la reforma que, coincidieron los opositores, debilitará la suspensión contra actos de autoridad y acotará la admisión del recurso del juicio de amparo para colectivos
Las bancadas del PAN, MC y PRI coincidieron en que se trata de una reforma regresiva, que desnaturaliza la figura del amparo en perjuicio del ciudadano y que forma parte de un proceso de aniquilación de los mecanismos de defensa de los colectivos y de los derechos humanos.
Con sorna, los senadores emecistas Clemente Castañeda y Alejandra Barrales hablaron de la “ley del desamparo” para poner de relieve el carácter de indefensión en que queda el ciudadano.
La senadora priista Carolina Viggiano reveló en tribuna que había presiones sobre el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, para que devolviera al dictamen un transitorio que favorecería el carácter retroactivo de la reforma
Al medio día, en comisiones, Corral había propuesto retirar ese transitorio y los legisladores le obsequiaron el respaldo.”Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”, reza el transitorio.
Al calor del debate, el coordinador y el vicecoordinador de Morena, Adán Augusto López e Ignacio Mier, respectivamente, se acercaron al escaño de Corral y se les vio manotear con el chihuahuense.
Morena alegó que el “fin último” de la reforma es “fortalecer al juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder”, sin dejar de cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y con ello el desarrollo del País.
“Los aspectos principales asoman en la figura del “interés legítimo”, de suerte que se define con mayor precisión, y, según el chihuahuense, debe traducirse en una lesión jurídica, individual o colectiva, real y diferenciada, cuya reparación produzca un beneficio cierto y no hipotético o eventual para la persona quejosa.
La reforma “evita demandas basadas en intereses abstractos. La sobrecarga de los tribunales con juicios de amparo sin fundamento y fortalece la seguridad jurídica, pero sin cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas”.
En relación con la suspensión del acto reclamado, se mantiene como instrumento esencial de protección, pero se establecen límites en casos sensibles, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.
La senadora panista Guadalupe Murguía reprochó la aprobación de una reforma “que tiene el sello de la casa: con prisas, con improvisaciones, con cambios repentinos y ajustes sobre las rodillas”.
La modificación de última hora de la definición de interés legítimo, dijo, se quedó corta porque “continúa el requisito de que la suspensión produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético para el quejoso.
“Por ejemplo, si la autoridad de salud se niega a comprar vacunas contra el sarampión, será difícil acreditar el perjuicio que esto pudiera causar a los niños, toda vez que de entrada no sabemos a cuántos menores puede perjudicar esta medida”.
Por el PRI, Claudia Anaya hizo notar que el juicio de amparo “no solo es una pieza central del derecho mexicano y su principal aportación ilegal al orden jurídico universal es la cristalización de un recurso judicial efectivo como un derecho humano. Es inconcebible que el país que le dio al mundo el juicio de amparo sea justamente el que hoy da pasos regresivos en el espíritu garantista que habíamos alcanzado hasta ahora”.
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