La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) alertó que la Ley de Amparo, misma que se discute en el Poder Legislativo, generará desventajas competitivas entre proyectos inmobiliarios y desconfianza en invertir en el mercado mexicano.
“El sector inmobiliario es uno de los más sensibles a los cambios regulatorios y al mismo tiempo, uno de los más golpeados por actos discrecionales de autoridades en materia de permisos, usos de suelo, densidades y normativas ambientales”.
“Limitar el alcance de la suspensión en el amparo implica dejar a los desarrolladores sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades, generando desventajas competitivas entre proyectos similares y debilitando la confianza de los inversionistas”, expresó el organismo empresarial la tarde de este lunes.
Al externar una postura respecto a la propuesta de ley, la ADI señaló que la Ley de Amparo, en particular aquellas que limitan la procedencia de las suspensiones, restringen los efectos de las resoluciones de los jueces y de manera especialmente alarmante, incluyen un artículo transitorio con efectos retroactivos.
Este último representa un grave riesgo, ya que podría afectar directamente a inversionistas y desarrolladores que hoy tienen juicios de amparo en curso, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad de la ley.
“La aplicación inmediata de normas cuestionadas mientras se resuelve su constitucionalidad expone a los proyectos a sobrecostos, retrasos y modificaciones que afectan su viabilidad financiera”, añadió la ADI.
La incertidumbre jurídica obligaría incluso a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y trasladando posibles incrementos de precios al consumidor final.
En conjunto, estos cambios perjudican gravemente la competitividad del sector, reducen la oferta de vivienda e infraestructura, y desincentivan la llegada de capital extranjero.
Finalmente, pidió que la discusión de esta reforma, se preserve no solo el equilibrio entre el interés público y la protección efectiva de los derechos de los particulares, sino también el principio de no retroactividad de la ley, como garantía fundamental del Estado de derecho.
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