La presidenta Claudia Sheinbaum, explicó este jueves que su gobierno trabaja en la recopilación información de distintas dependencias y agencias para conocer la afectación económica provocada por una red de contrabando de combustible, conocido como ‘huachicol fiscal’, en medio de informaciones dispares.
Sheinbaum descartó que el daño sea de 600,000 millones de pesos, cifra que dio a conocer la semana pasada la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano.
“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el Gobierno Federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce“, dijo Sheinbaum en su conferencia diaria en Ciudad de México
La mandataria explicó que para tener un manejo y control en la información se deben revisar los datos de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de la información de importación de combustibles compartido con aduanas, la Secretaría de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sheinbaum detalló que antes no existía la “trazabilidad de los combustibles” y adelantó que al cierre de octubre de este año el Gobierno de México contará con toda la información en tiempo real de la importación y venta de combustibles.
“A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más combustible del que se importa y se produce, si viene de algún lado, que es contrabando, o no contabilidad. A partir de ahí vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es”, expuso.
Sheinbaum apuntó que la declaración de la procuradora fiscal sobre contrabando fiscal de combustible fue sobre un cálculo que realizó un diputado federal, “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.
Sin embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, señaló que el saldo histórico de querellas por este tipo de ilícitos asciende a 16 mil millones de pesos, equivalente a unos 873 millones de dólares.
A inicios de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la apertura de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de ‘huachicol fiscal’.
La FGR expuso que los funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos, para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos.
En el entramado de corrupción figura el ya detenido vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
