Durante la discusión en lo particular del dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, el diputado Ramón Flores votó en contra de varios artículos debido a que la redacción final establece una penalidad menor a la vigente en diversos estados del país, lo que podría generar retrocesos en materia de sanciones.
Su voto en lo general fue a favor porque la Ley incorpora avances como la homologación del tipo penal, su reconocimiento como delito grave, la inclusión de prisión preventiva oficiosa y la definición de una estrategia nacional contra la extorsión. Sin embargo, advirtió que el artículo 15, tal como fue aprobado, fija penas de 6 a 15 años, por debajo de las sanciones actualmente aplicadas en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas, donde oscilan entre 15 y 30 años.
Debido a este diferencial, una vez que la Ley General entre en vigor, los sentenciados en entidades con penalidades más severas podrán solicitar la aplicación retroactiva de la norma federal más benéfica, tal como lo permite la Constitución. Esto podría derivar en liberaciones anticipadas e impactos negativos en la política de disuasión del delito.
Para evitarlo, se presentó una reserva proponiendo que la pena general se elevara a un rango de 10 a 20 años, con el objetivo de mantener un estándar sancionatorio más alto y evitar que los estados que actualmente contemplan castigos más estrictos se vean obligados a reducirlos. Esta propuesta no fue aprobada.
Ramón Flores sostiene que la Ley General debe funcionar como un piso mínimo de protección y no como un techo que obligue a los estados a retroceder en materia punitiva. Por ello, su voto en lo particular se orientó a defender un marco jurídico más firme frente a un delito que afecta directamente a familias, pequeños comercios y sectores productivos en todo el país.
