Fortalecer el acceso a la justicia de personas privadas de la libertad y así generar condiciones de mayor estabilidad en los centros de reinserción social de Sonora, es el objetivo del convenio firmado hoy por la Secretaría de la Consejería Jurídica del gobierno del estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Mediante el acuerdo, los Visitadores Generales de la CEDH podrán constatar la atención que defensores públicos brindan a personas privadas de la libertad, en cuanto a su derecho de acceso a la justicia.
El presidente de la Comisión, Luis Fernando Rentería Barragán, y el secretario de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo estatal, Ramón Alejandro Acosta Cortez, coincidieron en señalar que la coordinación permitirá atender mejor los planteamientos de las personas privadas de la libertad sobre sus casos judiciales.
El ombudsperson confió en que el resultado de este convenio será, en el corto plazo, una atención más oportuna y eficiente a las personas internas en los CERESOS respecto a probable vulneración de sus derechos, sobre todo porque ahora muchas situaciones serán vistas al mismo tiempo por ambas instituciones.
Por su parte, Acosta Cortez señaló que además de optimizar tiempo y recursos para la defensoría pública, las acciones que se realicen contribuirán a una mejor gobernabilidad en los centros de reinserción social, así como a continuar avanzando en el diagnóstico nacional penitenciario que se realiza cada año.
El acto fue atestiguado por Jesús Abel Guirado Orduño, encargado de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, quien igualmente resaltó la importancia de este acuerdo.
El documento fue firmado también por María Teresa Gaxiola Santa Cruz, encargada despacho de la Defensoría Pública estatal, y por Selene Ramírez García, secretaria técnica de la CEDH.
