La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó los recientes homicidios de figuras comunitarias como el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y exigió al Estado combatir la presencia de grupos armados que controlan la vida pública en diversas regiones del país.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien había enfrentado públicamente la violencia en su municipio, se suma a una serie de ataques contra personas que han desafiado el control criminal en sus comunidades, declaró el organismo religioso.
En un comunicado difundido este 2 de noviembre, la CEM advirtió que estos casos revelan un profundo debilitamiento del orden constitucional y llamó tanto a las autoridades como a la ciudadanía a actuar con determinación para frenar la violencia que afecta a miles de mexicanos.
De acuerdo con el documento firmado por el obispo de Zamora, Javier Navarro Rodríguez, la prioridad no debe limitarse a detener a los responsables materiales de los homicidios, sino a enfrentar la raíz del problema.
“La presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar; los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes, reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos”, declaró la CEM.
Los obispos destacaron que sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral continúan acompañando a las comunidades a pesar del riesgo, y que su labor constituye un signo de esperanza en medio de la violencia.
De igual manera, la conferencia hace un llamado directo “a quienes están provocando esta violencia fratricida” para que detengan las agresiones y respeten la vida, recordando la responsabilidad moral de cada persona hacia su prójimo.
El organismo exigió también una estrategia más firme e inteligente por parte del Estado, al señalar que el verdadero crimen no es únicamente la muerte de figuras como el comerciante Bernardo Bravo o el alcalde Manzo, sino la vida amenazada de miles de ciudadanos que ven limitadas sus libertades cotidianas.
El comunicado concluye convocando a todos los sectores sociales, familias, maestros, empresarios, religiosos y autoridades de los tres niveles de gobierno, a redoblar esfuerzos para construir la paz, y ofrece el Diálogo Nacional por la Paz como un espacio de coordinación y encuentro.
