La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la violencia en las manifestaciones nunca fue una opción para su gobierno y que la libre expresión debe mantenerse dentro de los márgenes de la paz y el respeto. Afirmó que los actos violentos no fortalecen las causas sociales ni generan convicción, sino que abren la puerta a la provocación y la represión.
Recordó su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde enfrentó movilizaciones con grupos encapuchados que usaron objetos peligrosos, cuya finalidad no era la legítima protesta sino la confrontación.
Dijo que el gobierno federal está comprometido con escuchar las demandas justas sin caer en provocaciones y con fortalecer la construcción de la paz desde el diálogo y la atención a las causas sociales.
Explicó que su administración trabaja bajo la convicción de que la paz se construye con justicia, no con represión.
“Nosotros no creemos en las ejecuciones extrajudiciales, porque en México la pena de muerte no existe desde hace muchos años y toda persona tiene derecho a un juicio”, sostuvo.
Añadió que, durante décadas, la corrupción en el Poder Judicial permitió la liberación de delincuentes culpables, por lo que la reforma judicial y la elección popular de jueces y magistrados buscan garantizar que la justicia se cumpla sin impunidad.
La presidenta señaló que la violencia institucional que caracterizó los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto solo multiplicó la inseguridad y el dolor, y que su gobierno no seguirá esa ruta.
Aclaró que el envío de elementos de la Guardia Nacional a Michoacán no representa un giro hacia la militarización, sino una estrategia de presencia y acompañamiento.
Diferenció entre la acción legítima de las fuerzas federales para detener delincuentes o ejecutar órdenes judiciales y las prácticas de represión o ejecuciones que calificó de contrarias a la Constitución.
Subrayó que la presencia de la Guardia Nacional tiene el propósito de evitar enfrentamientos, inhibir la operación de grupos criminales y ofrecer protección a la ciudadanía, no de sustituir el papel del Estado de Derecho por la fuerza de las armas.
“Es muy distinto enviar a las fuerzas federales para evitar confrontaciones a que se usen las armas contra un presunto delincuente”, afirmó.
