CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil bomba, ocurrida el 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, la cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 12 lesionadas.
Sobre la indagatoria en torno a la detonación del vehículo en las inmediaciones de la Policía Comunitaria del municipio mencionado, la institución encabezada por Ernestina Godoy precisó que quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la cual trabajará en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
En las indagatorias participarán la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).
La Fiscalía federal señaló que las diligencias se realizan en conjunto con autoridades estatales de Michoacán y forman parte del inicio formal de la investigación por delincuencia organizada.
También detalló que en el sitio del estallido operan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal.
El personal está especializado en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética, lofoscopía, telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.
La explosión ocurrió el sábado último cerca de las 12:00 horas, cuando una camioneta tipo pickup cargada con explosivos fue estacionada y detonada frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ubicadas en el corazón de la presidencia municipal, entre la avenida Ignacio López Rayón y la calle Allende.
El conductor del vehículo, del cual no se han dado a conocer detalles, presuntamente murió al accionar la carga, mientras que otras personas que transitaban por la zona fallecieron a consecuencia del estallido, algunas en el lugar y otras durante su traslado al hospital.
El municipio, situado en la franja costera limítrofe con Colima, arrastra desde septiembre un contexto de tensión por enfrentamientos entre grupos delictivos; en ese periodo, el alcalde Andrés Rafael Aguilar Mendoza, de Morena, ordenó suspender clases ante la violencia, lo que derivó en un llamado de atención público del gobernador y también morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, quien aseguró que la situación de seguridad “está totalmente controlada”.
En semanas previas ya se habían registrado detonaciones de artefactos explosivos en la zona, que dejaron un saldo de dos personas fallecidas.
