- Actualmente Sonora cuenta con apenas diez inspectores para más de 670 mil empleos, lo que impide garantizar condiciones dignas, prevenir riesgos y hacer cumplir las obligaciones patronales con trabajadores del campo.
Hermosillo, Sonora, 09 de diciembre de 2025.- Los diputados Iris Fernanda Sánchez Chiu y Emeterio Ochoa Bazúa, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, presentaron este martes una Iniciativa con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Sonora a asignar plazas y contratar un número significativo de nuevos Inspectores del Trabajo durante el ejercicio presupuestal 2026.
Iris Sánchez Chiu advirtió que la falta de personal de inspección laboral ha provocado que miles de trabajadores, especialmente jornaleros agrícolas y sus familias, permanezcan sin protección efectiva frente a violaciones a sus derechos, malas condiciones laborales, riesgos de trabajo y falta de seguridad e higiene.
Recordó que la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones claras para los empleadores del campo, como brindar seguridad social, vivienda digna, alimentación suficiente, transporte seguro, guarderías y condiciones adecuadas de salud y seguridad; pero sin inspectores suficientes es imposible verificar, prevenir abusos o garantizar la dignidad humana en los campos agrícolas y otros sectores productivos.
Los diputada priísta detalló que según estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México debería contar con más de cuatro mil 150 inspectores laborales, pero solo tiene alrededor de 660. En Sonora, la situación es aún más grave: solo diez personas están registradas como inspectores adscritos a la Secretaría del Trabajo, cifra totalmente insuficiente para atender más de 670 mil fuentes de empleo en el estado.
“No puede haber desarrollo si quienes trabajan para sostenerlo no tienen garantizados sus derechos más básicos. Sin inspección, no hay justicia laboral”, subrayó.
Finalmente, reiteró que dicho exhorto busca garantizar el cumplimiento de la ley y proteger especialmente a mujeres, menores, trabajadores del campo y sectores vulnerables.
