SONORA (apro) .- La Cruz Mojonera de Cohuirimpo, pueblo yoreme mayo, fue robada. Tallada en madera de mezquite e instalada en el siglo XVII para cumplir la doble función de espacio ceremonial y delimitación territorial del pueblo originario con el municipio de Navojoa, se trata de un monumento histórico reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El gobierno ancestral lo considera una agresión directa contra su identidad, y señala como principal sospechosa a una constructora cuyo socio mayoritario es el exgobernador José Eduardo Bours Castelo, así como a las instituciones mexicanas como aparentes cómplices.
“Esto significa despojo y etnocidio, porque nos están quemando raíces de más 300 años de antigüedad, y la Cruz Mojonera es una prueba contundente ante cualquiera que tenga conciencia de la historia de los pueblos de qué existe un territorio que en la actualidad ha sido despojada y su población ha sido desplazada, de manera forzada, violenta y de la manera más ventajosa”, afirmó a Proceso Remedios Severo Aguilar Osuna, gobernador tradicional de Cohuirimpo.
El robo fue reportado por personas de la comunidad el jueves 4 de diciembre, y la denuncia fue interpuesta ante las autoridades. No obstante, el gobierno indígena no ha recibido ningún atisbo de atención al problema y, denuncian, la zona del delito ni siquiera fue acordonada.
A raíz de ello, Aguilar Osuna, quien le comunicó lo acontecido “a las autoridades del gobierno mexicano en todos sus niveles”, denunció también una pasividad que lleva a la población a considerar que existe complicidad por parte de las instituciones.
La compañía, propiedad del exgobernador priista, dueño además de miles de hectáreas en todo el sur de Sonora en regiones como Cócorit, en el Valle del Yaqui, se llama CONSTRUCTORA RIO YAQUI S.A. de C.V., y atrae las sospechas del gobierno ancestral debido a que en 2020 sus trabajadores removieron el monumento para construir una barda para delimitar un desarrollo inmobiliario.
En ese tiempo, la cruz fue movida unos metros para quitarla de la zona donde se cimentaría la obra, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia ordenó la detención de dicha obra debido, precisamente, a que se trata de un monumento histórico. Tras ello, fue reinstalada, aunque ya no en sus condiciones originales.
El gobernador mayo dio a conocer, además, que a la par de la denuncia, solicitó protección al titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el ingeniero José Martin Vélez de la Rocha, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo respecto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Luego de esto, comunicó Aguilar Osuna, y por una serie de vejaciones que han sido denunciadas a lo largo de los últimos cinco años, el gobierno de Cohuirimpo determinó declarar tanto a CEDIS como al INPI como enemigos públicos.
