Las detenciones de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos han alcanzado un máximo histórico, superando las 68 mil 400 personas.
Esta cifra récord, confirmada por datos oficiales y análisis de organizaciones especializadas, se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump y ha reavivado las críticas de comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y legisladores.
El incremento sostenido de las detenciones es resultado de una intensificación de las operaciones de control migratorio. Estas incluyen redadas en centros de trabajo, arrestos domiciliarios y mayores controles en rutas internas, así como una notable expansión del uso de centros de detención federales y privados en todo el país.
Mientras ICE defiende que sus acciones se centran en extranjeros con antecedentes penales, organizaciones civiles y de derechos humanos denuncian que un número creciente de detenidos carece de historial criminal y ha sido arrestado por infracciones administrativas relacionadas únicamente con su estatus migratorio.
Datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse confirman que la población detenida por ICE ha crecido de forma constante desde principios de año. Este aumento se atribuye a una combinación de un mayor ritmo de arrestos y demoras significativas en los procesos judiciales migratorios, lo que prolonga el tiempo de detención.
Este récord supera con creces los niveles registrados durante el primer mandato de Trump y los de administraciones previas. Analistas advierten que el sistema de detención opera cerca de su capacidad máxima, forzando al gobierno a utilizar instalaciones adicionales, incluyendo cárceles locales y centros gestionados por contratistas privados.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han alertado sobre el grave impacto humanitario de este incremento.
Un portavoz de la American Civil Liberties Union (ACLU) señaló: “Estamos viendo familias separadas, personas detenidas durante meses sin una resolución clara de su situación y condiciones que generan graves consecuencias psicológicas”. Activistas también han reportado limitaciones en el acceso a asistencia legal y dificultades para comunicarse con sus familiares.
El aumento de la población detenida coincide con una acumulación récord de casos en los tribunales de inmigración, que arrastran retrasos de varios años. Millones de expedientes pendientes, según cifras oficiales, complican la liberación bajo fianza o la aplicación de medidas alternativas a la detención.
Desde la Casa Blanca, funcionarios han defendido la estrategia, argumentando que el presidente fue elegido con el mandato de reforzar el control migratorio. Sostienen que la detención es una herramienta clave para garantizar la aplicación de la ley y disuadir la migración irregular. “El objetivo es restablecer el orden en el sistema”, afirmó un portavoz del Ejecutivo.
Sin embargo, líderes religiosos, alcaldes de grandes ciudades y legisladores demócratas han reclamado cambios urgentes. Proponen límites a la detención prolongada y un mayor uso de programas de supervisión comunitaria, que, según estudios oficiales, han demostrado ser más económicos y efectivos para asegurar la comparecencia ante la justicia migratoria.
El debate se intensifica en un contexto político sensible, con la inmigración nuevamente en el centro de la agenda nacional y encuestas que revelan una sociedad profundamente dividida sobre cómo abordar el fenómeno. El récord de detenciones de ICE se consolida, así, como uno de los indicadores más visibles del endurecimiento del enfoque migratorio en Estados Unidos.
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