La mala alimentación no es un accidente: es una política tolerada
Por Ing. Héctor Castro Gallegos
En Sonora, los jóvenes ya hicieron el diagnóstico que el poder se niega a firmar: el Estado dejó de gobernar la salud pública y se la concesionó a la industria alimentaria.
No es una metáfora.
Es una realidad cotidiana que se ve en las cooperativas escolares, en las colonias populares y en los hospitales saturados. Mientras la Secretaría de Salud repite discursos preventivos, permite un entorno que produce enfermedad en serie. Mientras COFEPRIS presume regulación, autoriza un mercado donde lo ultraprocesado domina sin resistencia.
Y mientras la SEP habla de formación integral, mantiene escuelas sin educación alimentaria real. Esa cadena de omisiones no es técnica: es política. El debate reducido al glutamato monosódico es funcional al sistema.
Sirve para entretener al público mientras se evade la pregunta central: ¿quién permitió que Sonora se llenara de comida barata que no nutre y enferma?
En los barrios donde la verdura es cara y la comida chatarra es abundante, hablar de “decisión individual” es una mentira institucionalizada.
El glutamato, el sodio y el azúcar no llegaron solos; llegaron con permisos, con silencio oficial y con una regulación diseñada para no incomodar a los grandes intereses. Los jóvenes sonorenses no piden estudios interminables ni mesas de análisis. Señalan responsables.
El Gobierno del Estado tolera un modelo alimentario que incrementa obesidad y diabetes mientras presume programas paliativos. Los municipios permiten la invasión de ultraprocesados en entornos escolares. El Congreso legisla tarde, tibio o no legisla.
Y todos coinciden en algo: trasladar el costo al sistema de salud y la culpa al ciudadano. Eso no es gobernar; es administrar el daño. El futuro político de Sonora se juega aquí.
No en discursos de campaña, sino en la capacidad de enfrentar a una industria que captura decisiones públicas. Los jóvenes no piden prohibiciones absurdas; exigen regulación efectiva, etiquetados claros, educación alimentaria obligatoria y apoyo real a productores locales. Saben que cada omisión regulatoria es una firma invisible en la factura de la enfermedad. Gobernar es decidir a quién se protege.
Y hoy, en Sonora, el Estado protege más a los mercados que a sus jóvenes. Esa elección tendrá consecuencias. Y ya empezó a cobrarse.
