Sin Medias Tintas. Por Omar Alí López Herrera.
Como lo he dicho en otras ocasiones, cada vez que ocurre una tragedia asociada a una obra pública, se activa un mecanismo casi automático de contención semántica. El gobierno no habla de accidente, mucho menos de siniestro o tragedia. Se habla de “evento”. Un “evento ferroviario”, en este caso. Administrativamente pulcro, pero humanamente obsceno.
Llamar evento a un hecho en el que hay 13 muertos y 98 heridos es una decisión política, porque el término no describe; anestesia. Tampoco explica; encubre; y no informa; encuadra. Con ello desplaza el centro de gravedad del debate público, porque ya no se discute qué falló ni quién debe responder, sino cómo debe narrarse lo ocurrido para que el daño político sea el menor posible.
El poder sabe —siempre lo ha sabido— que las palabras importan porque delimitan el campo de responsabilidad, anticipan la reacción institucional y moldean la percepción social. No es lo mismo investigar un “accidente con víctimas” que analizar un “evento”. En el primer caso hay una presunción de falla; en el segundo, apenas una anomalía técnica, casi estadística, como si se tratara de una interrupción momentánea del servicio y no de vidas truncadas.
En entregas anteriores he explicado que este uso del lenguaje no es nuevo. Cambió el gobierno, pero no el reflejo, y de que cuando el Estado falla, el primer auxilio no es a las víctimas, sino al discurso.
Lo más preocupante es la contradicción moral. Desde el oficialismo se pide —así debería ser— no lucrar políticamente con el dolor de las víctimas. Pero una de esas formas es precisamente reducirlo semánticamente hasta volverlo manejable. Minimizar el hecho en el lenguaje es otra forma de negar su gravedad. No hay respeto en el eufemismo cuando éste sirve para ganar tiempo, enfriar la indignación y evitar preguntas incómodas.
Porque las preguntas están ahí, aunque se les quiera llamar de otro modo. ¿Hubo fallas en el mantenimiento de las vías? ¿La supervisión de la obra fue técnica o política? ¿Existieron conflictos de interés en la construcción y suministro de materiales? ¿Quién certificó que el tren podía operar en esas condiciones? Ninguna de estas preguntas se responde hablando de “eventos”. Todas exigen asumir que ocurrió algo grave y que alguien —o varios— deben rendir cuentas.
El lenguaje tecnocrático tiene la función clara de despersonalizar, de convertir a las víctimas en variables, a los muertos en cifras y a los responsables en seres difusos. Es un lenguaje que tranquiliza oficinas, pero no conciencias, y que sirve para redactar comunicados, pero no para hacer justicia. Y con la larga historia de impunidad que tenemos, esa diferencia no es menor.
Está, además, el efecto colateral de normalizar la tragedia. Si cada muerte derivada de una obra pública es apenas un “evento”, entonces el riesgo se vuelve parte del paisaje. El mensaje implícito es tan devastador como malévolo: estas cosas pasan y son costos del progreso. Es decir, cuando ocurren daños colaterales de los megaproyectos la línea entre la fatalidad y la negligencia se borra deliberadamente.
No se trata de exagerar ni de hacer del dolor un espectáculo, sino de nombrar correctamente la realidad, porque nombrarla es el primer paso para asumirla, y asumirla es condición mínima para repararla. Un Estado que no puede llamar tragedia a una tragedia es un Estado que aún no decide si está del lado de las víctimas o del lado de su propia narrativa.
El tren se descarriló en las vías. Pero el lenguaje oficial ya se había salido del riel desde antes. Y mientras sigamos aceptando que a la muerte se le llame “evento”, la justicia seguirá siendo, también, una palabra desplazada.
Espero que el hecho celebratorio sujeto a evaluación de hoy nos ayude.
