De Primera Mano . Por Francisco Javier Ruiz Quirrín
SECRETARIO de Educación y Cultura del Gobierno del Estado la segunda parte del sexenio 2015-2021, Víctor Guerrero ha sido retenido en prisión los últimos cinco meses, acusado de desvío de recursos públicos “constitutivos del delito de peculado” por una cantidad que rebasa los 300 millones de pesos.
Vinculado a proceso luego de la apertura de una carpeta de investigación en su contra por la Fiscalía Anticorrupción del actual sexenio, Guerrero desahoga su defensa mediante una carta que la colega Michelle Rivera dio a conocer a través de su cuenta en la red social “X”, sin firma alguna, pero con la credibilidad de que goza la periodista.
En el texto de esa misiva se advierten una serie de argumentos con el propósito de exponer su verdad y aclarar que el delito del que se le acusa es inexistente, entre otras cosas, porque los recursos a los que hace referencia la FAS “no son recursos públicos; son recursos privados o particulares y nunca fueron distraídos de ningún capítulo, programa o partida presupuestal público, pues los mismos provienen de retenciones de la nómina particular de los trabajadores de la educación de sostenimiento estatal, agrupados en su mayoría a la sección 54 del SNTE y que se destinan al beneficio de los propios trabajadores. Por lo tanto, al no ser recursos públicos, no existe el delito que se me imputa”.
Agrega Guerrero que “ese descuento o retención sigue vigente en la actualidad y corresponde a un fondo financiero que realizan los trabajadores de la educación, de confianza y sindicalizados de la SEC para recibir prestaciones de previsión social que tiene su origen en un acuerdo laboral entre la sección 54 del SNTE y el Gobierno del Estado de Sonora desde el año 1986, por lo que es una obligación contractual del Estado de Sonora instituida hace 40 años, es decir, no fue creado en la administración estatal anterior como erróneamente se declaró ni tampoco afecta partida presupuestal alguna del Estado y mucho menos afecta a los trabajadores: son sus propios recursos y se aplican en su propio beneficio”.
Puntualiza además: -En sus 40 años de vigencia, este programa se ha conocido con diversas denominaciones, a saber “DILI”, “Plan de Remuneración Total”, “Plan de Revisión Social”, “Plan de beneficios múltiples” y, recientemente, en la actual administración estatal, “Plan de Beneficios Laborales”. La esencia del programa ha sido la misma: potencializar los esquemas pensionarios de los trabajadores para asegurar mejores condiciones de vida para ellos mismos y sus familias-.
Es decir, “que la actual administración estatal continúa con este mismo esquema financiero, porque es su obligación con el pago de esta prestación”.
Recordó asimismo Guerrero que en 2018 el entonces titular de a SEC, Ernesto de Lucas, suscribió un contrato de adhesión con la empresa “Consulta Actuarios SC” para la administración del mencionado fondo financiero a través de un fideicomiso destinado a cubrir las indemnizaciones, designando un comité técnico encabezado por el subsecretario de planeación de la SEC, Francisco Curiel Montiel. Este comité técnico fue el responsable de operar los fondos. Finalmente, el extitular de Educación y Cultura, recluido en el “cereso” de Hermosillo, escribió:
“En el remoto caso de que se confirme la tesis de la FAS de que los recursos del fideicomiso del Plan eran públicos y no de los trabajadores, lo cual no se sostiene jurídicamente, demandamos que la Fiscalía Anticorrupción actúe de inmediato y proceda abrir sendas carpetas de investigación, para que se impute y vincule a proceso a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la actual administración estatal, que han venido operando el mismo esquema financiero para cumplir con esta obligación laboral”.
Víctor Guerrero asegura que todos estos medios de prueba han sido expuestos ante el juez de control, dentro del proceso que se sigue en su contra y que espera justicia en base a la verdad, “sin la injerencia de personas extrañas al proceso”.
YA SE HA convertido en costumbre… Recordamos el año 2014 cuando el entonces aspirante a la gubernatura de Sonora, Guillermo Padrés Elías, autorizó se pintaran bardas en las ciudades de la entidad, donde se leía “Güilermo Prades”, evidentemente haciendo referencia a su nombre… El propósito era el posicionamiento y el entonces consejo estatal electoral tampoco podía sancionarle… Bueno, esa cultura llegó para quedarse y una muestra de ello son las lonas que han empezado a verse y leerse con la palabra entrecomillada “LAMARCA” de Sonora, haciendo alusión desde luego, al presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano… Acompaña a esa expresión el mapa de Sonora y dentro de él, la figura del danzante yaqui… Todo en color “Morena”, por supuesto… ¿Alguien puede ahora dudar del adelanto del calendario electoral?
POR INSTRUCCIONES del gobernador Alfonso Durazo, se dio seguimiento a la Mesa Permanente de Inversiones Públicas, revisando avances y fortaleciendo la coordinación entre dependencias, junto a Carlos Hernández, secretario de Hacienda… Este 2026 marca el inicio de la siguiente etapa de la administración estatal, con nuevos proyectos que ya están entrando en ejecución, con planeación, orden y beneficios reales para las familias sonorenses… Habría que anotar que este encuentro fue una de las pocas reuniones en las que el titular de Hacienda del Gobierno del Estado mostró su rostro.
