Chihuahua.- La mañana del viernes fue detenido de forma ilegal en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, en un operativo a todas luces arbitrario.
Fue cerca de las 10 de la mañana que elementos de la fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, detuvieron al director de esta casa editora, como parte de un procedimiento en su contra, hasta ahora desconocido.
El Director General fue detenido por supuestamente no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público. Se trata de una acción orquestada, pues la aprehensión ocurre en la ciudad de Monterrey y no en Saltillo, donde el director es residente, lo que refleja la vigilancia constante que mantiene el poder ante el director.
Abogados consultados por Vanguardia, explicaron que la forma en la cual se dio el arresto es el clásico modus operandi de fiscalías que actúan bajo consigna “fabricando casos” de presunta rebeldía para poder arrestar a un ciudadano.
Esta detención se suma a una serie de acosos judiciales que se han presentado en los últimos años, en donde tanto el director general como Grupo Vanguardia han sido víctimas de una persecución desde los más altos niveles del poder.
Vanguardia ha denunciado de forma constante las presiones contra su director y este grupo editorial a causa de demandas desproporcionadas y abusos legales, mismas que se han intensificado hasta lo ocurrido el día de hoy.
Esta acción demuestra una vez más que la libertad de prensa es un obstáculo para quienes ostentan el poder político, el cual a través del acoso judicial trata de intimidar el ejercicio periodístico.
El director Armando Castilla Galindo y Grupo Vanguardia se han convertido en un objetivo directo de las más altas esferas del poder político, y es por ello que, frente a un ataque judicial
DETENCIÓN ARBITRARIA Y ABUSIVA
El periódico Vanguardia condenó enérgicamente la detención abusiva y arbitraria de la cual fue objeto, este viernes 9 de enero, el director General de dicho medio, Armando Castilla Galindo, la cual se registró en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico con fines vacacionales.
Lo sucedido no puede ni debe entenderse como un hecho aislado. Se trata de un acto desproporcionado, injustificado y profundamente preocupante, que exhibe un uso indebido del aparato de procuración de justicia y un preocupante sesgo en la aplicación de la ley, sostuvo Vanguardia.
La detención de Armando Castilla Galindo se deriva de una controversia de carácter mercantil, relacionada con un bien inmueble ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Este bien, propiedad de la familia Castilla Galindo, forma parte de un proceso mercantil en el que dicho predio está dado en garantía, pero no se encuentra embargado ni sujeto a litigio, informó el medio de comunicación.
En ese contexto, se firmó un contrato de arrendamiento para la instalación de un anuncio espectacular sobre una porción del predio, equivalente a 45 metros cuadrados. A partir de este acto —plenamente documentable y realizado en el marco de la ley— se construyó de manera artificiosa un caso penal por un supuesto fraude, cuyo único propósito es desprestigiar la imagen pública de Armando Castilla Galindo y de su familia, afirmó.
“Hasta ahora no se ha transparentado quién es la contraparte, ni se han ofrecido explicaciones claras que justifiquen la transformación de un conflicto mercantil en una persecución penal. Resulta inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo, con una fuerza desmedida, como si se tratara de la captura de un criminal de alta peligrosidad”, difundió.
Sostuvo Vanguaria que todo esto ocurre en un país donde 52 personas son asesinadas diariamente, donde grupos criminales actúan sin castigo, donde existen desfalcos millonarios por parte de servidores públicos, redes delictivas y corrupción sistemática, la mayoría de las veces sin consecuencias judiciales.
“La desproporción es evidente y ofensiva”, recriminó.
“Más aún –insistió- cuando el delito que se pretende imputar no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa según las leyes mexicanas, por lo que cualquier intento de mantenerlo privado de la libertad constituye un abuso de poder y una violación a los principios básicos del debido proceso”.
“Advertimos con profunda preocupación que este caso sienta un precedente alarmante: la utilización del sistema penal para dirimir disputas mercantiles y dañar la reputación de directivos de medios de comunicación y, en última instancia, silenciar a la prensa incómoda al poder”, denunció el medio de comunicación.
Reiteró que este tipo de prácticas no solo vulnera derechos individuales, sino que atenta contra la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a estar informada, por lo que exigió que las autoridades actúen con legalidad, proporcionalidad y apego irrestricto al debido proceso, y que este caso sea tratado en el ámbito que corresponde: el mercantil, no el penal.“La justicia –reiteró- no puede ser un instrumento de presión ni de venganza a conveniencia”.
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