Un grupo de organizaciones de la sociedad civil exhortó hoy al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a posponer la entrada en vigor de la reforma electoral para concretar los cambios estructurales al sistema electoral después de 2027, año en que se renovarán la mitad de los cargos judiciales, 19 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 128 senadurías, así como los cargos de 31 congresos locales y cientos de presidencias municipales.
“Iniciar el proceso electoral más complejo de la historia, con el añadido de las elecciones judiciales simultáneas, en medio de una reestructuración administrativa masiva y con nuevas reglas no probadas, maximiza la probabilidad de errores logísticos graves”, advirtieron las organizaciones, aglutinadas en el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine).
Proyecto en puerta
Aunque la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez todavía no da a conocer el texto de la iniciativa de reforma electoral que presentará en las próximas semanas, el Opine expresó sus reservas respecto a algunos de los planteamientos que podría contener el documento, y urgió a que la reforma corrija las fallas de la elección judicial del pasado 1º de junio.
El Opine advirtió por ejemplo que la desaparición de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) acarreará retos mayúsculos, pues el nuevo organismo tendrá que organizar las elecciones federales, locales y judiciales y resolver los conflictos poselectorales, lo que despierta un “riesgo de colapso técnico por sobrecarga administrativa”.
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